San José, 01 oct (elmundo.cr) – La regidora Iztarú Alfaro, denunció ante la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José, que el alcalde Diego Miranda y otros funcionarios, promueven una reorganización de personal con un trámite irregular, viciado de nulidad y avanzado mediante un contrato que se amplió fuera de plazos.
La denuncia busca que se investigue la contratación por ¢27 millones que se habrían ejecutado sin autorización del Concejo Municipal y con prórrogas fuera de plazo, en un proceso que en realidad plantea una reestructuración interna del personal del ayuntamiento, situación que implica una “usurpación de funciones”, ya que tal trabajo debía ser conocido por las regidurías del Concejo.
La situación se agrava, en momentos en que la administración, encabezada por Miranda, pretende aprobar una partida por ¢20 millones para refinanciar el contrato, situación que no solo es irregular, sino que coloca al Concejo Municipal frente al problema de aprobar estos recursos sin mayor discusión, pues esta modificación de presupuesto se pasó la noche de este lunes, menos de 24 horas antes de la votación la noche de este martes 30 de setiembre.
La reestructuración plantea una reorganización y una reasignación de recursos humanos, lo que ha generado un ambiente tenso y de persecución a lo interno de la Municipalidad.
“El alcalde municipal, al contratar y permitir la ejecución de tales actividades sin el trámite correspondiente ante el Concejo, incurrió en una usurpación de competencias, contraviniendo el principio de legalidad Y excediéndose en el ejercicio de sus funciones”, señaló Alfaro en su denuncia.
Fuera de plazo
El contrato fue suscrito el 8 de agosto de 2024, con una vigencia de seis meses. Dicho plazo venció en febrero de 2025, sin que se emitiera ampliación de vigencia, ni acto administrativo de suspensión o una modificación que lo avalara.
Además, se comprobó que por la ejecución de este contrato se efectuó un pago parcial por ¢6,750.000, cuyo producto final a la fecha no se ha entregado ni se ha recibido a satisfacción, ni consta de ello en el sistema y la orden de compra, quedó con un saldo de ¢20,250,000 de colones, que por disposición del artículo 116 del Código Municipal.
De acuerdo con la denuncia, el alcalde Diego Miranda habría contratado servicios para modificar la estructura organizativa saltándose el propio Código Municipal.
Por medio del oficio FUNDATEC-499-2024 del 11 de noviembre de 2024, FUNDATEC, presenta su ampliación a la solicitud de prórroga que de manera indebida hace el Proveedor, no obstante, dicho oficio no cumple con lo que solicita de la proveeduría debía ampliar. Siendo que ahora Fundatec menciona que requiere un plazo mayor de 39 días, lo cual implica un nuevo atropello al marco legal.
A continuación, facilitamos un cuadro con la relación de hechos de forma cronológica con las observaciones legales del caso.
Plazos vencidos
| Fecha | Hecho | Observación Legal |
| 08/08/2024 | Inicio del contrato sin autorización | Violación art. 13 Código Municipal y art. 8 LGCP |
| Agosto 2024
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No inclusión en POA | Incumplimiento planificación municipal y art. 37 LGCP |
| Agosto 2024 | Omisión consulta Concejo
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Violación competencias colegiadas art. 13 Código Municipal |
| Agosto 2024
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Adjudicación viciada | Falta de transparencia art. 8 inciso c) LGCP 103 reglamento de contratación publica |
| Agosto 2024
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monto orden de compra ¢27.000.00 | Ejecución sin respaldo presupuestario legal art. 38 LGCP, Articulo 116 Código Municipal
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| Febrero
2025
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Vencimiento contrato
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Gestión deficiente en la supervisión del
contrato art. 104,105 y 106 LGCP 282 y 283 Reglamento contratación Publica |
| Actual | Liquidación saldo y ejecución extemporánea | Pérdida recursos públicos
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