Puntarenas, 09 jul (elmundo.cr) – Punta Leona Beach Club & Nature Resort, reconocido complejo turístico con más de 50 años de operación bajo estricto apego a la ley costarricense, expresó su profunda preocupación ante las acciones recientes del alcalde de Garabito, Francisco González, quien intentó ingresar por vías privadas y ordenar la demolición de infraestructura legalmente construida dentro de propiedades tituladas del resort.
El conflicto se intensificó el pasado miércoles 2 de julio, cuando el alcalde se presentó en el lugar y solicitó inicialmente la demolición de una aguja ubicada en propiedad privada, sin presentar orden administrativa alguna. Ante la negativa del resort, que defendió el derecho a la propiedad privada y el debido proceso, el alcalde cambió su postura y pidió ingresar para realizar una inspección municipal. Durante esta, sin documentación legal que lo respaldara, anunció verbalmente un plazo de 8 días para remover infraestructuras que él considera “públicas”, aunque están dentro de terrenos debidamente titulados como privados por Punta Leona.
En un comunicado oficial, el resort advirtió que cualquier intento de ingreso forzado o demolición constituiría una violación directa a derechos constitucionales, en particular al artículo 45 de la Constitución Política que protege la propiedad privada, y al debido proceso legal. Además, enfatizó que tales actos serían ilegales, arbitrarios y acarrearían graves consecuencias civiles, penales y administrativas para el alcalde y funcionarios que participen o respalden estas acciones.
Punta Leona reafirmó que todas las edificaciones en disputa cuentan con respaldo técnico, jurídico y registral, y que está preparada para ejercer todos los mecanismos legales para proteger sus derechos y exigir la reparación de cualquier daño causado ilegalmente. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad jurídica, la paz social y el desarrollo sostenible, y expresó su disposición al diálogo constructivo, siempre en el marco del respeto mutuo y la legalidad.
Por su parte, la Municipalidad de Garabito sostiene que su actuación responde a la Ley 6043, que establece la zona marítimo-terrestre de 50 metros desde la marea alta como espacio público, y que busca garantizar el acceso libre a las playas, una demanda recurrente de la comunidad local.
Este enfrentamiento refleja la compleja disputa entre el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de la normativa sobre acceso a zonas públicas en áreas turísticas, un tema de creciente relevancia en Costa Rica. Ambas partes coinciden en la importancia del diálogo, aunque la tensión legal y política continúa en aumento.
