San José, 13 ago (elmundo.cr) – La Municipalidad de San José desmintió categóricamente los argumentos de la Contraloría General de la República (CGR), que recomienda la suspensión del alcalde, Johnny Araya, así como de funcionarios y regidores.
Además, aseguran que actuaron con apego a la Ley, en todo lo que se refiere al contrato con la empresa que administra los parquímetros en la capital, Setex – Aparki.
Por otro lado, insisten en que el tema no se ha resuelto de manera definitiva, ya que, frente a la sanción, cabe recurso de revocatoria con apelación, así como la posibilidad de elevar el caso a la vía judicial, en los tribunales contencioso administrativos.
“Evidentemente, la Contraloría comete un grave error de valoración e interpretación, puesto que la Municipalidad en claro respeto del principio de legalidad aportó los estudios técnicos, legales y financieros necesarios y suficientes que dejan en claro los alcances y beneficios que, por más de 12 mil millones de colones, ha tenido el Municipio producto de dicha relación contractual, que ha permitido, además, una ganancia en cuanto al ordenamiento de la vialidad en la capital, así como ha generado satisfacción, agilidad y comodidad para todos los usuarios del cantón”, sostiene el municipio.
Según la Municipalidad en todo momento, actuaron en estricto apego de las recomendaciones de la Auditoría Municipal y se ejecutó un trabajo estricto de seguimiento.
Cabe recalcar, asimismo, que, para preservar la relación contractual, se realizó una reunión entre funcionarios municipales y de la CGR, para analizar la situación y se siguieron las recomendaciones del ente contralor.
“De no haberlo hecho de esta manera, el ayuntamiento habría corrido un grave riesgo de ser sujeto de una demanda internacional, por incumplimiento contractual, generando graves consecuencias de tipo pecuniario por miles de millones de colones, que no solo habría causado un grave perjuicio a la hacienda municipal, sino que pudo impedir obtener las cuantiosas ganancias que los parquímetros digitales han generado”, agregan.
“Por esta razón, de forma vehemente y categórica, la Municipalidad de San José rechaza las conclusiones emitidas por el ente contralor y anuncia que llevará el caso hasta las últimas instancias legales, con el fin de que quede plenamente demostrado que se actuó en amparo a de la legalidad, de buena fe y en beneficio de los intereses de la ciudadanía josefina”, concluyen.
