Alajuela, 21 sep (elmundo.cr) – El el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) procedió a conectar el servicio de agua al proyecto habitacional La Esperanza en el cantón de Naranjo, a pesar de que el caso se mantenía a la espera de un fallo judicial. La acción, realizada sin resolución de un juez, provocó un inmediato rechazo de vecinos, autoridades locales y organizaciones municipales que denuncian una violación a la autonomía cantonal.
No se sabe a ciencia cierta cuántas familias del cantón se verán beneficiadas con el proyecto, pues las autoridades no lo han informado. Lo que sí está claro es que su aprobación ha estado marcada por cuestionamientos sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Para la Municipalidad de Naranjo, así como para el alcalde, la decisión debía resolverse en sede judicial y no mediante una orden ejecutiva.
La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Habitantes de Naranjo señalaron que el presidente Rodrigo Chaves está intentando “imponer por la fuerza su voluntad para ganar un pulso político, basado en algo que solo beneficia a seis familias pero pone en riesgo el acceso al agua de miles” según comentarios de vecinos en la página de Facebook de la municipalidad.
Otros advirtieron que lo ocurrido representa una señal preocupante: “Es muy preocupante lo que sucedió el día de hoy en nuestro cantón Naranjo. Se viola la autonomía municipal en frente a todo el país. Lo hace el gobierno al mejor estilo de una dictadura, de ahí la gran preocupación. Estoy de acuerdo de trabajar en función de las familias que habitarán el lugar, pero no hacerlo de ésta forma”, expresó un vecino.
Mientras otro vecino del cantón se refiere a la acción del gobierno como “una acción nefasta del Gobierno Central impulsado por el presidente Chaves, esto marca un punto de inflexión para lo venidero. Ahora estamos entre un liderazgo autoritario que viola el Estado de Derecho y un gran grupo de corruptos que desean hacer nuevamente fiesta con nosotros. Que encrucijada… por dicha no hay reelección.”
Algunos vecinos incluso calificaron la decisión como “la gota que derramó el vaso”. Según señalaron, hasta ahora se había percibido que el mandatario respetaba la institucionalidad, pero con esta acción “se brincó la ley” y abrió un camino que podría tener repercusiones mayores para el futuro del país.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) también manifestó su preocupación, recordando que la Constitución protege la autonomía municipal y advirtiendo que decisiones como la adoptada por AyA sientan un precedente peligroso para las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos locales.
El alcalde de Naranjo, respaldado por regidores y amplios sectores sociales, ha sido reconocido como un actor clave en la defensa del derecho del cantón a decidir sobre el uso de sus recursos hídricos. La pugna por La Esperanza ha escalado ahora más allá de los límites cantonales y se perfila como un debate nacional sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en la ejecución de proyectos sin esperar consenso ni resolución judicial.
