San José, 26 oct (elmundo.cr) – La diputada de la fracción Pueblo Soberano, Marta Esquivel Rodríguez, presentó un proyecto de ley con el objetivo de prohibir el pago de auxilio de cesantía a altos jerarcas del sector público, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La propuesta plantea reformar los artículos 683 y 684 del Código de Trabajo, así como el artículo 18 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, con el fin de evitar que el erario público continúe financiando beneficios de cesantía para funcionarios de alto rango.
“No es justo que mientras miles de costarricenses tienen que trabajar durante años para asegurar su futuro, algunos altos jerarcas reciban beneficios de cesantía financiados con recursos públicos. Tenemos que poner orden y acabar con estos privilegios”, manifestó la legisladora.
El proyecto establece que estos jerarcas no podrán recibir cesantía por la finalización de sus nombramientos, jubilación o pensión. Asimismo, prohíbe que las instituciones públicas realicen nuevos aportes patronales a fondos de cesantía por los periodos de ejercicio de esos cargos a partir de la entrada en vigencia de la ley.
La iniciativa también incluye disposiciones para prevenir conflictos de interés en la administración de recursos públicos por parte de asociaciones solidaristas, especialmente en casos donde las autoridades tienen capacidad de influir en decisiones sobre aportes patronales y fondos de cesantía.
Esta propuesta surge en un contexto de fiscalización sobre el uso de recursos en el sector judicial. Recientemente, la diputada Esquivel solicitó explicaciones por un crédito de ₡128 millones otorgado por la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) a la magistrada Patricia Solano, cuyo plazo de 30 años implicaría que la funcionaria terminaría de pagarlo cerca de los 96 años de edad.
