San José, 25 jun (elmundo.cr) – Tres exalcaldes de la Municipalidad de Garabito han alzado su voz para cuestionar el reciente accionar de la actual administración local, tras el derribo de una aguja en el sector de Punta Leona el pasado 4 de junio, señalando la falta de una resolución judicial expresa que respalde dicha acción.
Tobías Murillo Rodríguez (2016-2024), Marvin Elizondo (2007-2016) y Víctor Ríos Chavarría (1998-2002) coinciden en que, ante una disputa sobre la naturaleza jurídica de un acceso, el debido proceso exige contar con una orden judicial vigente antes de ejecutar cualquier intervención en propiedad privada.
Exigencia de certeza jurídica
Tobías Murillo, quien lideró el municipio hasta el año 2024, enfatizó que la transparencia es fundamental en estos procedimientos. “Si ya había una orden del juez para abrir la calle, lo más correcto era haber demostrado el documento y presentarlo a los representantes de la empresa”, manifestó.
Además, Murillo expresó preocupación por el impacto ambiental y económico que podrían acarrear las decisiones actuales, especialmente ante planes de realizar eventos masivos en la zona. “Se van a afectar los humedales y sería una lástima que por hacer esos procedimientos se afecte la parte económica, no de Garabito, sino del país”, advirtió.
Por su parte, Marvin Elizondo recordó que durante su década de gestión, el respeto a la normativa fue la norma. “En mis 10 años como alcalde nunca recibí una notificación de ningún juez ni un acuerdo del Concejo Municipal que ordenara abrir ese acceso público. La única orden que recibí fue para retirar unos bloques de concreto colocados en el sector de las rocas, y eso fue lo que se hizo”, aclaró.
Antecedentes y debido proceso
Víctor Ríos, exalcalde entre 1998 y 2002, recordó que las aperturas de caminos realizadas durante su administración se ejecutaron bajo un estricto acompañamiento de autoridades judiciales, el Instituto Geográfico Nacional y funcionarios municipales, siempre amparados en sentencias específicas.
“La sentencia del 2001 ya fue ejecutada. Si se pretende abrir otro acceso, tiene que existir otra sentencia que así lo determine”, subrayó Ríos, quien insistió en que corresponde exclusivamente a los tribunales definir la condición pública o privada del terreno para evitar futuras responsabilidades legales para el ayuntamiento.
La postura de los exjerarcas refuerza la necesidad de que la administración actual se apegue a la seguridad jurídica, evitando acciones unilaterales que, según han advertido diversos sectores, podrían derivar en consecuencias administrativas y penales para los funcionarios involucrados.
