San José, 29 abr (elmundo.cr) – El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica ha venido manifestando su preocupación ante las autoridades competentes, por las condiciones establecidas en algunos carteles de contratación publicados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) por parte de algunas municipalidades, por cuanto estas podrían incidir en la calidad, alcance y profundidad de las auditorías financieras externas requeridas.
Según el Colegio, la forma en que están estructurados estos carteles podría resultar restrictivos en cuanto a la cantidad de horas asignadas por trabajo realizado y por ende, afectar el alcance y profundidad de los procedimientos de auditoría necesarios detectar eventos significativos, irregularidades o potenciales situaciones de fraude, lo que podría debilitar los mecanismos de control y fiscalización en la gestión de recursos públicos.
El principal factor de preocupación es la limitación en la cantidad de horas asignadas para la ejecución de la realización de ellos encargos de auditoría. En algunos casos, los carteles establecen un máximo de 100 horas para completar estos procesos, cuando una auditoría financiera externa, realizada conforme a estándares técnicos e internacionales, puede requerir entre 750 y 1.000 horas de trabajo, como mínimo en entidades con activos importantes como en estos casos.
Una correcta auditoría recopila evidencia mediante procedimientos como inspección de documentos (facturas, contratos), confirmaciones externas, recálculos, auditorías de tecnologías de información (TI), análisis de la cartera de inversiones, revisiones de la liquidación presupuestaria y observación y conteo de inventarios, entre otros.
“El proceso de auditoría financiera es altamente complejo. Implica la revisión exhaustiva de documentación, el análisis detallado de los estados financieros y la evaluación tanto de información cuantitativa como cualitativa, todo ello en apego a las Normas Internacionales de Auditoría y en concordancia con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)”, señaló Francisco Ovares, presidente del Colegio.
La reducción en la cantidad de horas conlleva una disminución significativa en los presupuestos para la ejecución de las auditorías externas, tal como se indica.
Por ejemplo, llama poderosamente la atención que en el año 2017 una municipalidad destinó hasta ₡17 millones para este proceso de fiscalización y ahora únicamente dispone de ₡2,3 millones, de acuerdo con un estudio realizado por el Colegio en el año 2026.
Hay mayor preocupación tratándose de entidades públicas y municipalidades con niveles de activos que superan los ₡300 mil millones, cuya auditoría financiera implica un mayor nivel de complejidad y cantidad de información relevante para una verificación de la razonabilidad de sus cifras financieras.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica advierte que estas condiciones no solo podrían comprometer la calidad y alcance de la auditoría, sino también generar interpretaciones inadecuadas por parte de los profesionales contables al momento de participar en los procesos de contratación, situación que podría incidir en la transparencia, razonabilidad, veracidad y adecuada revelación de la realidad financiera de la institución.
Lo que podría exponerlos a eventuales procesos de fiscalización disciplinaria, en caso de que el trabajo realizado no cumpla con los estándares técnicos establecidos por las Normas Internacionales de Auditorías y el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
“Hacemos un llamado a las entidades públicas y municipales para que revisen y ajusten los criterios incluidos en los carteles de contratación del SICOP, de manera que se garantice la adecuada ejecución de auditorías externas, en beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta gestión de los recursos públicos y para tal efecto pone a disposición para denuncias o consultas, el correo fiscalía@ccpa.or.cr, y los teléfonos 2245-0097 Ext 137, 110 y 112”, añadió Ovares.
Con esta acción, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica reafirma su compromiso de actuar en defensa del interés público, y de sus agremiados, promoviendo condiciones adecuadas para el ejercicio profesional y velando por el cumplimiento de los más altos estándares técnicos.
“Respaldar al agremiado implica también dignificar la profesión, garantizando que su labor se realice con el tiempo, los recursos y la rigurosidad que exige la responsabilidad de auditar el uso de fondos públicos. Respaldando al agremiado, dignificando la profesión”, concluyó Ovares.
