Alajuela, 12 ene (elmundo.cr) – El candidato por el partido Nueva República a la alcaldía ramonense, Fabio Alvarado Ruiz, demandó a la Municipalidad de San Ramón por ₡ 80 millones. Este lío se originó durante la gestión de la exalcaldesa Mercedes Moya, quien contrató los servicios de Alvarado como notario institucional en mayo del 2011.
En junio 2018, Alvarado Ruiz presentó ante el Juzgado de Trabajo del III Circuito Judicial una denuncia contra la Municipalidad de San Ramón y contra al alcalde Nixon Ureña Guillén por acoso laboral, derechos laborales, discriminación, ruptura del contrato con responsabilidad patronal y solicita al tribunal “de por terminada mi relación con este patrono y que se cancelen todos los extremos a los que tengo derecho” y que el denunciante estima en ₡ 80 millones.
El conflicto surgió cuando en febrero del 2018, la actual ministra de Cultura, Silvie Durán cursó al municipio ramonense el oficio DM-241-18 solicitando que de conformidad con lo dispuesto por la Procuraduría General de la República, le correspondería a la Municipalidad, despedir a Alvarado Ruiz por cuanto desempeñaba dos trabajos en instituciones púbicas (Ministerio de Cultura y Alcaldía de San Ramón) y advertía la posible existencia de horarios superpuestos y que podía provocar el doble pago de anualidades.
En junio del 2018 la auditoria interna de la municipalidad respondió al oficio de la ministra de Cultura: “Le corresponde a Usted como jerarca administrativo integrar el Órgano Director que se encargara de llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente. El fin es poder determinar la verdad real de los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que podrían corresponder al citado funcionario, si se llegara a probar los hechos.”
La municipalidad alega que según el artículo 17 de la Ley “Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública” Ley N.8422, que dispone: Desempeño simultaneo de cargos públicos. “ninguna persona podrá desempeñar simultáneamente en los Órganos y las Entidades de la Administración Pública, más de un cargo remunerado salarialmente.” En este sentido el municipio consideró infundadas las pretensiones del demandante que podría eventualmente no merecer dicho pago en virtud de los dos contratos laborales que ejerció de forma simultánea y a tiempo completo en las dos instituciones públicas, se evidenció, que en este caso había una superposición horaria.
El Juzgado de Trabajo del circuito III emitió la sentencia de primera instancia 328-2019 el pasado 24 septiembre 2019 en la cual señala que “las acciones narradas por el actor (demandante ndr) son genéricas sin concretar cuales mentiras, amenazas y cuentos se giraron en su entorno”; tampoco aportó pruebas que permitieran acreditar el acoso o la discriminación”, de las 14 demandas 13 fueron rechazadas y solo se acogió el pago por montos correspondientes a anualidades y aguinaldos. La Municipalidad sostiene que esos cobros económicos se asientan en un ilícito, iniciado en el primer contrato de trabajo que suscribió Alvarado Ruiz con la Exalcaldesa Moya y que tenía que ver con la superposición horaria y el doble pago de anualidades.
Conversando con EL MUNDO Alvarado, dijo que la municipalidad y su alcalde fueron absueltos en primera instancia por el error del juez y que por lo tanto presentó apelación sobre la sentencia de primera instancia por considerar que tiene “sendas falencias que no me es posible dejar fuera de apelación (…) por lo que no lleva la razón el juzgador de primera instancia”.
Otro caso relacionado con demandas a la municipalidad hechas por candidatos o familiares a la alcaldía, es el procedimiento de la esposa del candidato del PIN, Juvenal Cascante, quien fue despedida y demandó al gobierno local por daños y perjuicios por un monto de ₡10 millones.
Salpicar el buen nombre de adversarios en procesos electorales es usanza común, las denuncias se transforman en clava electoral, aunque con el tiempo las denuncias son desestimadas; el daño está consumado. A juzgar por las intenciones nuestros candidatos-demandantes ante la eventualidad de ser electos ya incorporan un engorroso conflicto de interés; deberán dirimir disputas que ellos mismos están materializando contra la Municipalidad que pretenden redimir.
