Alajuela, 23 ene (elmundo.cr) – Gabriela Jiménez, alcaldesa de San Ramón, denunció públicamente un violento operativo en su contra liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y solicitado por el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
Según afirmó Jiménez, las acciones emprendidas por las autoridades no solo carecieron de fundamentos claros, sino que también estuvieron marcadas por actos de intimidación, abuso de poder y tintes de persecución política.
“El día de hoy sufrí violencia por parte del fiscal general de la República, Carlo Díaz”, señaló la alcaldesa.
Según su relato, patrullas del OIJ llegaron abruptamente y bloquearon su paso, mientras agentes encapuchados se bajaban de los vehículos “en medio de gritos, armas y violencia”.
Jiménez asegura que los agentes le arrebataron su teléfono celular sin explicarle los motivos del operativo ni mostrarle una orden judicial.
“Ni siquiera me mostraron una orden judicial. Solamente contaban con una solicitud del fiscal, pero ni eso me lo enseñaron. Incluso tuve que pedirles que se identificaran porque no entendía si realmente eran funcionarios del Poder Judicial”, detalló.
Jiménez aclaró que la causa investigada no está relacionada con su persona ni con su función como alcaldesa de San Ramón.
“El imputado es un sujeto que no pertenece a este cantón ni tiene ninguna relación con mi función pública. Quiero repetirlo: no tiene nada que ver conmigo”, sostuvo.
Acusaciones de persecución política
La alcaldesa cuestionó el proceder del fiscal general y lo acusó de utilizar recursos públicos para lo que calificó como una “cacería política”.
“Señor fiscal, quiero darle un mensaje: lo que usted hizo el día de hoy es un acto de corrupción. Utilizar recursos públicos para una persecución política es inaceptable. Esto no es justicia, es violencia pura”, agregó.
Además, vinculó los hechos con amenazas recibidas previamente por parte de personas allegadas a la administración municipal anterior.
“Hace una semana me enviaron una amenaza diciendo que ahora sí iba a correr sangre. Incluso el lunes, el presidente municipal nos amenazó diciendo que empezaría ‘la carnicería’. ¿Cómo sabían ellos que hoy sería víctima de tanta violencia y persecución?”, cuestionó Jiménez, apuntando a una posible “componenda” entre el fiscal general y un partido político tradicional.
Reclamos sobre prioridades judiciales
La alcaldesa también criticó la falta de atención a problemáticas graves como el crimen organizado, comparándolo con lo que describió como “pagadunderías” en su contra.
“Señor fiscal, me hubiera gustado que fuera tan eficiente para meter a la cárcel a los que están haciendo sicariato, venta de drogas y legitimación de capitales, en lugar de perseguir personas inocentes”, recalcó.
Finalmente, Jiménez aseguró que no se dejará amedrentar. “Ni sus matones ni su persecución me van a detener. Seguiré trabajando con la frente en alto, de la mano de Dios y con las manos limpias por mi cantón, San Ramón”.
Por su parte, el OIJ indicó que el operativo estaba relacionado con una investigación en curso, pero no ofreció mayores detalles sobre los motivos ni los procedimientos seguidos en el caso.
La alcaldesa hizo un llamado al fiscal general y a las autoridades correspondientes para que aclaren su actuación y pidió que se respeten los derechos de las personas en futuras acciones judiciales.