San José, 24 ene (elmundo.cr) – La Alcaldía de Desamparados rechazó de manera categórica la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la alcaldesa, Antonieta Naranjo, por incumplimiento de deberes.
La denuncia fue presentada por un grupo de regidores propietarios y suplentes de la Municipalidad de Desamparados.
La Alcaldía explicó que “el Concejo Municipal aprobó, mediante el acuerdo No. 15 del 16 de diciembre de 2024, un aumento salarial del 1% retroactivo a enero de 2025 sin un plazo de ejecución, el contenido de dicho acuerdo incluye una aprobación, una condición y una advertencia”.
“En primer lugar, se establece que no existe un salario global aprobado, conforme lo estipula el Transitorio XI de la Ley No. 10159. Además, el informe técnico del Área Financiera indica que no hay viabilidad económica para realizar dicho pago, información que el Concejo Municipal conoció antes de la aprobación del aumento”, aseguran.
Por su parte, la alcaldesa indicó que “esta administración no interpuso el Veto que indican los regidores, esta administración está en total acuerdo en el reconocimiento del aumento anual, siendo un derecho que les corresponde, no obstante, al ser advertido en el mismo acuerdo que no existe salario global no es legalmente posible cumplirlo, hasta que el Concejo no lo apruebe”.
Además indicó que se han presentado dos propuestas de salario global al Concejo Municipal. La primera fue rechazada sin un criterio técnico, lo que motivó la interposición del veto correspondiente. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2024 se presentó una segunda propuesta, la cual, hasta la fecha, no ha sido resuelta por el Concejo Municipal.
Según Naranjo “ejecutar dicho acuerdo estaría en una clara violación al principio de legalidad toda vez que la Ley Marco de Empleo Público es clara que el parámetro para cualquier reconocimiento es el salario global, ya que tenemos funcionarios y funcionarias que podrían sobrepasar el tope del salario global, quienes no tendrían derecho de recibir dicho aumento, por lo que es mi obligación proteger los recursos públicos”.
“Al no existir salario global ni viabilidad financiera y tratándose de fondos públicos no es posible cumplir con dicho acuerdo hasta tanto no se cuente con ambas condiciones, ya que de hacerlo se estaría violentado lo establecido en las leyes No. 10159, No. 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y las Normas Técnicas dictadas por la Contraloría General de la República”, concluyó.
