San José, 21 feb (elmundo.cr) – Alcaldes de varios cantones se manifestaron en contra del reglamento para el fraccionamiento de terrenos impulsado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), por lo que solicitaron espacio en la discusión para corregir varios puntos que les preocupa.
Escuchando sus argumentos podría decirse que el sentimiento que les embarga es asombro, pues lo ven como una ocurrencia que va en contra de la reactivación económica ya que desincentiva la compra de tierras y genera obligaciones que complican la segregación de terrenos.
Incluso la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) convocó a una reunión urgente esta semana para abordar el tema y tomar una posición común, a la cual asistieron representantes de la mitad de municipios del país.
Y es que consideran que la forma en que está redactado el texto, les va a generar muchos problemas con los ciudadanos, pues será a los gobiernos locales a quienes les tocará aplicar los nuevos lineamientos.
Justamente por los fuertes cuestionamientos que recibió el documento, el INVU acordó posponer su entrada en vigor por seis meses.
“No hemos entendido en este país lo que está pasando, el país se nos está cayendo a pedazos, hay una economía colapsada, completamente estática y apelotada y nosotros estamos poniendo requisitos como para que las que cosas no se hagan”, cuestionó Verny Valerio, alcalde de San Rafael de Heredia.
El alcalde criticó la exigencia que le genera el reglamento a los dueños de lotes de más de 900 metros cuadrados que se ubiquen en zonas no urbanizadas, de cederle a la municipalidad un 10% de la tierra al segregarlo para destinarla a espacios públicos.
“Lejos de salir con la posibilidad de que las personas vendan las propiedades y las desarrollen como un efecto dinamizador de la economía, ese reglamento de la forma en que está redactado, no sé si es por mala redacción, mala interpretación o por un asunto ideológico, no tienen ninguna lógica”, aseguró Valerio.
Igual preocupación mostró Juan Pablo Barquero, alcalde de Tilarán y presidente de la UNGL, quien consideró que el texto, tal y como está redactado, atentaría contra la autonomía municipal y afectaría a muchos ciudadanos.
Es por eso que exigió incluir al régimen municipal en la discusión de la comisión de alto nivel donde se ajustará el texto.
“Existe una gran necesidad de que escuchen a las municipalidades pues, por nuestra autonomía, debemos participar en la generación de un instrumento que a regular a las municipalidades donde no existe plan regulador”, destacó Barquero.
