Washington, 5 mar (elmundo.cr) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso derogar la Ley de Chips, la cual iba a beneficiar a Costa Rica, al atraer empresas fabricantes de semiconductores.
La ley fue aprobada en agosto del 2022, durante el gobierno de Joe Biden, y pretendía crear un subsidio de $39.000 millones para impulsar la manufactura de semiconductores, además planteaba la utilización de $75.000 millones en créditos.
Con este plan se iban a establecer programas con países aliados como Costa Rica, lo que permitiría que las empresas estadounidenses establecieran su producción en estos países como una forma de contrarrestar la dependencia de los semiconductores de China.
Trump señaló que “la ley de chips es algo horrible, horrible. Damos cientos de miles de millones de dólares y no significa nada. Ellos toman nuestro dinero y no lo gastan”.
Mientras que al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le recalcó: “Señor presidente, debería deshacerse de la ley de chips, y lo que quede debería usarlo para reducir la deuda”.
El medio estadounidense Politico informó este martes de que la mayoría de los $39.000 millones ya se les habían prometido a las empresas de semiconductores e, incluso, se firmaron contratos durante el gobierno de Biden. Una de las más favorecidas, la taiwanesa TSMC, ya ha recibido al menos $1.500 millones.
Inversiones en semiconductores en riesgo
La oposición de Trump a la Ley Chips plantea dudas sobre el futuro de las importantes inversiones en semiconductores que ya están en marcha.
Desde la aprobación de la ley, la Administración Biden ha obtenido compromisos de los mayores fabricantes de chips del mundo para establecer o ampliar sus instalaciones de fabricación en Estados Unidos.
Entre los premios clave se incluyen hasta 7.860 millones de dólares para Intel, 6.600 millones de dólares para TSMC y 4.750 millones de dólares para Samsung, todos destinados a impulsar la producción nacional de chips para mitigar la dependencia de proveedores extranjeros.
TSMC, que ya había planeado una inversión de 40.000 millones de dólares en Arizona, anunció recientemente un compromiso ampliado de 100.000 millones de dólares para construir cinco plantas de chips adicionales en EE. UU.
Con Trump cuestionando la validez de las subvenciones gubernamentales, aumentan las preocupaciones sobre si los compromisos de financiación futuros podrían revertirse.
Algunos funcionarios temen que un cambio de política bajo una nueva administración pueda invalidar los acuerdos de subvención emitidos bajo el liderazgo de Biden, lo que podría perturbar la estabilidad de la cadena de suministro y los objetivos de producción nacional.
