Por Guido Burdman
La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados marcó un avance político sonoro para el Gobierno de Javier Milei, que logró reunir apoyos clave en el Congreso pese al paro general convocado por la CGT ese mismo día.
Según los analistas, se abre así una nueva etapa en la disputa por el rumbo del mercado de trabajo argentino y anticipa un escenario de mayor tensión político-sindical.
La Cámara baja dio media sanción a un paquete que introduce cambios en el régimen de contratación, la negociación colectiva y la organización de la jornada laboral. Entre los puntos centrales se incluyen mecanismos de flexibilidad horaria, modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido y un mayor peso de los acuerdos por empresa o por región.
El Gobierno afirma que la reforma generará más empleo formal, en un contexto en el que más del 40% de los trabajadores argentinos se desempeña en la informalidad.
Los sindicatos, en cambio, advierten que los cambios podrían derivar en mayor precarización laboral y en una pérdida de poder colectivo y de derechos para los trabajadores.
Durante el debate se eliminaron algunos de los puntos más controvertidos del proyecto. En particular, el oficialismo retiró del texto el artículo 44, que modificaba el régimen de enfermedades inculpables.
La versión original establecía que, en casos de enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo, el trabajador podía percibir entre el 50% y el 75% de su salario básico —según las circunstancias— y por un plazo reducido de entre tres y seis meses.
Estos cambios obligan a que el proyecto regrese al Senado la semana próxima para su revisión final. La reforma aún no está sancionada de manera definitiva.
En términos políticos, la votación representa el primer avance legislativo de peso del oficialismo en materia laboral y sirve como una señal hacia el mercado y hacia su propia base electoral de que la agenda de reformas estructurales sigue en marcha.
El Gobierno celebra la aprobación
Desde la lógica oficialista, la media sanción es un triunfo relevante. No solo porque logró reunir mayoría en una cámara donde no tiene control propio, sino porque instala la idea de “modernización laboral”.
“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, indicó la Oficina del Presidente en su cuenta de X.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 20, 2026
La Administración libertaria pretende que, aun con cambios, el proyecto marque un punto de inflexión en un sistema laboral que considera rígido y que afecta la creación de empleo formal.
Para la CGT, el paro general del jueves buscó mostrar que el Gobierno puede ganar en el Congreso pero no en la calle.
La central obrera intentó enviar una señal de poder, con transporte afectado, alta adhesión en sectores clave y una narrativa centrada en la defensa de derechos adquiridos.
“La reforma no necesariamente va a generar más empleo formal”
La analista política Francisca Vila, coordinadora de Asuntos Públicos de Prospectiva Latam y especialista en políticas públicas en América Latina, introduce un matiz sobre el posible impacto de la reforma.
En diálogo con France 24, advierte que “la flexibilización laboral que busca esta reforma no necesariamente va a generar más empleo formal”.
Señala además que la iniciativa genera controversia y que una de las principales preocupaciones gira en torno a una eventual pérdida de derechos laborales.
Según su análisis, el Gobierno muestra fortaleza en el plano político y legislativo, pero esa dinámica convive con señales más débiles en la economía real.
Entre ellas menciona la reciente suba de la inflación al 2,9%, la caída del consumo y del salario real, el cierre de unas 22.000 empresas en dos años y el aumento de importaciones.
Vila considera que, si logra la sanción definitiva, la iniciativa podría representar “un gran éxito legislativo” para el oficialismo en su nueva configuración parlamentaria.
Sin embargo, pronostica que el escenario hacia adelante podría incluir “mayor conflictividad social” y un endurecimiento de las críticas opositoras.
Además, advierte que el impacto de este tipo de reformas no es inmediato. “La generación de empleo no es algo que pueda medirse de un día para el otro y depende de múltiples factores”, señala.
En ese sentido, plantea que, aun si el Gobierno logra la sanción definitiva, la verdadera prueba llegará en 2027, cuando el oficialismo deba mostrar resultados concretos en materia laboral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
En la misma línea, la economista Nadia Schuffer advierte que las reformas laborales, por sí solas, no garantizan una mejora del empleo formal.
“La creación de empleo registrado es consecuencia del crecimiento equilibrado de la economía”, señala.
Según explica, ese proceso requiere una expansión sostenida de sectores intensivos en trabajo —como la construcción, la industria manufacturera y el comercio— además de los vinculados a recursos naturales.
Estos últimos, como la minería o el petróleo y el gas, son clave para la generación de divisas, pero explican una porción relativamente menor del empleo total.
En el escenario actual, Schuffer observa que el crecimiento económico está siendo impulsado principalmente por sectores de baja intensidad laboral, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del mercado de trabajo en el mediano plazo. “Se está destruyendo mucho más empleo del que se genera”, advierte.
“La gente votó cambio”
En otra lectura, el analista y consultor político Mario Edgardo Rodríguez sostiene que el trasfondo del debate excede el contenido puntual de la reforma.
“Lo que está en juego es la iniciativa política del presidente… la gente en 2023 votó mayoritariamente cambio”, afirma a France 24.
Sobre la huelga, considera que su efecto es acotado: “Es un paro que le habla a los propios, es una situación de suma cero”, al tiempo que cree que “no va a cambiar un ápice de los apoyos al Gobierno”.
Respecto del contenido de la reforma, señala como punto relevante la posible descentralización de la negociación colectiva: “El cambio más interesante parecería ser la negociación por región o por actividad. Eso descentraliza el sindicalismo”.
“El paro debilita al Gobierno”
Por su parte, el analista político y consultor en comunicación Oscar Romano considera que la reforma laboral se presenta como “una prueba de fuego” para el Gobierno en un contexto que, según describe, lo encuentra “bastante positivo” en términos políticos generales.
En ese marco, advierte que la discusión se produce mientras comienzan a observarse “algunas fisuras en el gobierno, especialmente desde el punto de vista comunicacional”.
Romano evalúa además que la medida de fuerza tomada por la CGT impacta en la coyuntura y afirma que debilita a Milei “principalmente porque estamos hablando de trabajo”.
Asimismo, considera que la Casa Rosada atraviesa una fase “bastante reactiva”, en la que “va reaccionando a partir de los diferentes impactos”.
Según el experto, la evolución del clima social estará atada a las variables económicas: “Todo pasa por la economía. Eso a la larga es lo que define el voto”.
La batalla que sigue en el Congreso
En el plano parlamentario, la historia aún no está definida. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado, pero las modificaciones introducidas en Diputados obligan a que la iniciativa regrese a la Cámara alta para su revisión final.
El Senado deberá ahora aceptar los cambios para convertirla en ley o insistir con su versión original, lo que abriría una nueva instancia de votación.
El oficialismo necesita sostener acuerdos con bloques dialoguistas para evitar que se siga demorando la sanción definitiva. El resultado dependerá de una negociación política que continúa en desarrollo.
La Cámara alta se encamina así a una semana de alta intensidad legislativa. El oficialismo buscará avanzar tanto con la reforma laboral como con el proyecto de baja de la edad de imputabilidad, dos iniciativas centrales para la agenda del presidente en el período de sesiones extraordinarias.
¿Qué modelo laboral está en discusión?
Más allá del trámite legislativo, lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales de la próxima década.
Ambos bandos encuentran anclaje en problemas reales del mercado laboral argentino: alta informalidad por un lado, baja calidad del empleo por otro.
El riesgo político para la Casa Rosada no es tanto el paro en sí, sino la posibilidad de una escalada sostenida de conflictividad si la reforma avanza.
Para la CGT, en cambio, el desafío es demostrar que todavía puede condicionar decisiones estructurales y no quedar relegada a una lógica meramente testimonial.
Los expertos afirman que, en el corto plazo, el escenario más probable es de conflicto: negociación dura en el Senado, posible judicialización de la reforma por parte del sindicalismo y nuevas protestas.
La reforma laboral entró en zona caliente. Y lo ocurrido el jueves en el Congreso y las calles sugiere que la disputa por su alcance real recién comienza.
