Berlín, 8 sep (dpa) – El Parlamento alemán aprobó hoy una controvertida ley destinada a eliminar progresivamente los sistemas de calefacción de gas y petróleo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Durante meses, los cambios propuestos a la llamada Ley de Energía de los Edificios de Alemania han sido objeto de un intenso debate político. La ley exigirá que los sistemas de calefacción de nueva instalación, tanto en edificios antiguos como nuevos, funcionen al menos en un 65 por ciento con energías renovables.
Los requisitos para los edificios nuevos entrarán en vigor a principios de 2024, mientras que las normas para los edificios más antiguos se introducirán más adelante.
La ley aún debe ser examinada a finales de septiembre por el Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento en la que están representados los 16 estados federados alemanes.
Los partidarios de la propuesta sostienen que es necesaria para reducir las emisiones y cumplir los compromisos climáticos de Alemania. Los críticos, por su parte, argumentan que los requisitos impondrán nuevos y enormes costes a hogares y empresas.
La ley ha sido objeto de discordia incluso en el seno de la coalición de gobierno liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz, pero se aprobó con el apoyo de los tres partidos gobernantes, el Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP).
Un borrador anterior con objetivos más ambiciosos provocó una fuerte reacción política a principios de verano y ha seguido siendo uno de los principales puntos de crítica de los partidos conservadores y de extrema derecha de la oposición. También provocó un conflicto entre los oficialistas verdes y liberales.
La votación se produjo tras varias horas de polémico debate en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.
La líder de la bancada parlamentaria de Los Verdes, Katharina Dröge, reconoció errores en la gestión de la propuesta por parte de su partido y dijo que había generado incertidumbre sin necesidad.
Dröge calificó la legislación revisada de solución de compromiso que proporciona una hoja de ruta concreta para que la calefacción respetuosa con el clima pueda tener éxito en todas partes: “Fiable, planificable y asequible para todos”.
El ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, que presentó el proyecto de ley, subrayó que es necesaria para que Alemania alcance los objetivos climáticos fijados hace tiempo por el anterior gobierno de centroderecha de Angela Merkel.
“Es una buena ley”, aseguró Habeck ante el Parlamento. Los políticos de la oposición, sin embargo, se mostraron muy críticos.
Alexander Dobrindt, líder del partido bávaro Unión Socialcristiana (CSU) en el Bundestag, dijo que las subvenciones estatales no compensarán el enorme coste de sustituir las calefacciones domésticas y que la mala gestión de la propuesta no solo creó confusión, sino también miedo y protestas.
“Esta ley empobrecerá a la gente”, lanzó Dobrindt.
Jens Spahn, vicepresidente del bloque opositor CDU/CSU en el Parlamento, calificó el proyecto de “locura” y de “programa de estímulo para los populistas”, que han hecho de la ley de calefacción el blanco frecuente de sus ataques.
Se calcula que la mitad de los hogares alemanes están dotados con calderas de gas. La instalación de bombas de calor, consideradas mejores para el medio ambiente, es muy costosa. La cuestión de qué parte del coste subvencionará el Gobierno lleva meses siendo objeto de debate.
Según los planes actuales, hasta el 70 por ciento de los costes estarían cubiertos con ayudas estatales.
Con la seguridad energética y el aumento de la inflación a la cabeza de las preocupaciones de los votantes, los planes para eliminar rápidamente los sistemas de calefacción domésticos alimentados por combustibles fósiles se ha convertido en una cuestión política delicada.
Hasta un 70 por ciento de los alemanes rechaza una normativa obligatoria que prohíba las calefacciones alimentadas por petróleo o gas. Y la misma proporción rechaza pagar por la sustitución obligatoria de sus sistemas de calefacción.
En julio, el Tribunal Supremo de Alemania frenó los planes del gobierno de Scholz de acelerar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Pero la oposición conservadora no consiguió retrasar más el proyecto.
