La Haya, 1 abr (dpa) – Pese a la fuerte oposición de Israel, la Autoridad Palestina se convirtió hoy en el miembro 123 de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya.
En presencia del ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riad al Maliki, el vicepresidente de la corte, Kuniko Ozaki, saludó durante una breve ceremonia la adhesión de los Territorios Palestinos.
Al Maliki calificó el acontecimiento como un “punto de inflexión” y un “paso para poner fin a una larga era de impunidad e injusticia”. Los palestinos, afirmó el ministro del Exterior, “han esperado este momento desde que comenzó su éxodo y expulsión” a raíz de la creación del Estado de Israel en 1948.
Al entrar en vigor el Estatuto de Roma, el documento fundacional del tribunal, “los palestinos adquieren todos los derechos y responsabilidades que lleva ser parte de él”, dijo por su parte Ozaki. “Hay importantes compromisos que no pueden ser tomados a la ligera”, señaló.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, ratificó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2014 y la adhesión al tribunal entró en vigor este 1 de abril. Su jurisdicción se remonta al 13 de junio de 2014, con lo que el tribunal podrá investigar los crímenes cometidos durante la última guerra de Gaza. Los palestinos habían anunciado que solicitarían a la corte que ponga en marcha procesos penales contra Israel.
El líder de la organización islamista Hamas en la Franja de Gaza, Ismail Radwan, llamó a la CPI a “levantar acusación inmediatamente contra los dirigentes de la ocupación israelí por los crímenes cometidos contra el pueblo palestino”.
La fiscal jefa Fatou Bensouda ya había iniciado en enero investigaciones preliminares sobre la violencia en la Franja de Gaza. Sin embargo, se está averiguando por el momento si el tribunal es competente en este caso, explicó una portavoz de la fiscalía.
En Ramalá, sede del gobierno palestino, el negociador jefe de los palestinos, Saeb Erekat, habló de un “día histórico en la lucha por la justicia, la libertad y la paz para nuestro pueblo y todos los que buscan justicia en el mundo”.
Erekat informó en la radio palestina que los palestinos están preparando documentos que demuestren los crímenes de guerra cometidos por Israel con la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania a partir de junio de 2014 y durante su última ofensiva militar en la Franja de Gaza, en julio y agosto del año pasado.
Según los estatutos de la Corte Penal Internacional, la construcción de asentamientos por parte de una potencia ocupante es un crimen de guerra.
Si bien Israel no reconoce a la corte de La Haya, el tribunal puede levantar acusación contra militares de alto rango o políticos israelíes, aunque también puede hacerlo contra extremistas palestinos. La CPI no persigue judicialmente a países sino a presuntos responsables de graves crímenes.
Sobre todo Israel y Estados Unidos habían protestado enérgicamente contra la adhesión palestina a la CPI, mientras que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos saludaban la incorporación palestina al tribunal de Naciones Unidas.
Washington e Israel insisten en que Palestina no es un Estado y por ello no puede unirse a la CPI.
La aceptación de la Asamblea General de la ONU de Palestina como un Estado no miembro en 2012 hizo posible que pudiera entrar en el tribunal, aunque Abbas no tomó esa decisión de forma inmediata ante la presión internacional.
La decisión fue “política, cínica e hipócrita”, criticó el ministro de Exteriores de Israel, Emmanuel Nashhon. El tribunal, fundado para llevar ante la Justicia a los responsables de los peores crímenes cometidos en el mundo, está siendo ahora explotado para perseguir una “agenda política” palestina, señaló.
La organización Human Rights Watch consideró sin embargo que la decisión palestina de unirse a la corte merece apoyo internacional, pese a la oposición de Estados Unidos, Israel y Canadá. Todos los países que apoyan la aceptación universal del tratado del tribunal deberían saludar la adhesión palestina, dijo Balkees Jarrah, consejero internacional de justicia del grupo.
Según HRW, tanto Israel como la Autoridad Palestina han desarrollado hasta ahora pocas iniciativas para castigar crímenes de guerra cometidos por ambos bandos.
