Bogotá, 08 jul (elmundo.cr) – Líderes campesinos e indígenas del departamento del Cauca, en Colombia, han denunciado una persecución sistemática por parte de disidencias de las FARC, tras los resultados de las recientes elecciones presidenciales donde resultó electo Abelardo De La Espriella.
Según los testimonios recolectados por el medio Semana, los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, han desplegado un “bloque de búsqueda” para identificar y asesinar a quienes, desobedeciendo las órdenes de los grupos armados, votaron por la opción del hoy presidente electo, conocido popularmente como ‘El Tigre’.
“Ellos dicen que se desobedecieron las órdenes dadas”, señaló un líder indígena que prefirió mantener el anonimato ante el temor por su vida.
El Cauca, un departamento donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo una votación mayoritaria del 75,64 %, fue también el escenario donde De La Espriella logró captar 179.901 votos. Esta cifra, según las disidencias, fue determinante para la victoria nacional del abogado, quien se impuso por un margen de 250.830 sufragios.
“Las cuentas que ellos hacen es que si en el Cauca todos hubieran acatado la orden de votar, el triunfo del presidente hubiera sido mucho más ajustado y seguramente no sería reconocido”, añadió el dirigente.
La situación es particularmente crítica en el municipio de Silvia, donde el rastreo de votos ha sido más exhaustivo. “Ellos advirtieron que ya tienen información de en qué resguardos se votó al ‘Tigre’, y que ya tienen los nombres de las personas. Esas son las amenazas que nos han llegado y muchos ya fuimos declarados objetivos militares”, denunció una dirigente de la comunidad Misak.
Los denunciantes explican que la decisión de votar por una opción distinta a la impuesta en la zona responde a un profundo descontento social. “La gente está indignada porque el Gobierno del presidente Petro escogió a los indígenas del CRIC y a nosotros nos abandonó. Todo eso llevó a que la gente votara por otra opción, y hoy ese derecho al voto nos tiene con una lápida encima”, afirmó la dirigente.
Las órdenes de los grupos armados incluyen el asesinato o destierro de los votantes identificados, además de la expropiación de sus tierras, las cuales pretenden ser vendidas a precios simbólicos a organizaciones campesinas vinculadas a las disidencias.
“Le pedimos al Gobierno nacional y departamental que no nos dejen solos, nadie debería morir por elegir democráticamente”, clamó un comunero indígena ante la inminente amenaza de un baño de sangre en la región.
