Un patrimonio que cambió de rostro. Cuando Donald Trump regresó a la Presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, su imagen seguía asociada a hoteles, campos de golf y rascacielos. Sin embargo, apenas año y medio después, el corazón de su fortuna ya no está en el sector inmobiliario, sino principalmente en las criptomonedas.
Las declaraciones financieras divulgadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, en un informe de 927 páginas, muestran que Trump obtuvo más de 1.400 millones de dólares en ingresos relacionados con activos digitales durante el último año, una cifra que supera ampliamente los beneficios de buena parte de su histórico imperio inmobiliario.
La agencia de noticias Reuters calcula incluso que la familia Trump ha generado al menos 2.300 millones de dólares mediante proyectos vinculados a criptomonedas desde su regreso al poder. Según la agencia, solo World Liberty Financial —empresa cofundada por Trump y sus hijos— le reportó cerca de 800 millones de dólares, mientras que otros 635 millones provinieron de la comercialización de criptomonedas con su nombre.
La agencia de noticias AP presenta cifras ligeramente distintas al desagregar los ingresos, al estimar cerca de 1.200 millones de dólares provenientes de World Liberty Financial y de CIC Digital LLC, empresa que comercializa monedas conmemorativas con la imagen del mandatario. La diferencia responde a metodologías distintas para clasificar los ingresos reportados, aunque ambas coinciden en una conclusión: las criptomonedas se han convertido en la principal fuente de riqueza del presidente.
El debate central: ¿existe un conflicto de intereses?
El espectacular crecimiento de esos negocios ha encendido las alarmas porque coincide con decisiones adoptadas desde la Casa Blanca que han favorecido al sector.
Y es que tras asumir el cargo, Trump revirtió buena parte de la política de la Administración de Joe Biden hacia las criptomonedas. Su Gobierno impulsó normas favorables para las denominadas stablecoins (un tipo de criptomoneda), redujo la presión regulatoria ejercida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia y promovió la idea de convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”, una de sus principales promesas económicas.
Para especialistas en ética pública, la coincidencia entre las políticas oficiales y el crecimiento de las empresas vinculadas al presidente plantea un escenario sin precedentes.
Don Fox, exdirector interino de la Oficina Federal de Ética, recordó a Reuters que, aunque el presidente está legalmente exento de varias normas federales sobre conflictos de interés que sí rigen para otros funcionarios, desde el escándalo de Watergate todos los mandatarios habían procurado administrar sus inversiones como si esas restricciones también les aplicaran.
“Con Trump, esas normas simplemente no se aplican”, afirmó Fox, quien considera que el caso evidencia la necesidad de aprobar reformas legales que limiten las inversiones privadas del presidente y del vicepresidente.
¿Qué responde la Casa Blanca?
La Casa Blanca sostiene que no existe ningún conflicto de intereses porque Trump cedió la administración de sus empresas a sus hijos mediante un fideicomiso.
La portavoz presidencial Anna Kelly aseguró que ni el mandatario ni su familia han participado ni participarán en conflictos de intereses y defendió que todas las decisiones del Gobierno buscan “beneficiar al pueblo estadounidense”.
Sin embargo, se trata de un fideicomiso que no disipa las dudas. Aunque los activos sean administrados por sus hijos, Trump continúa siendo el beneficiario final del fideicomiso, por lo que sigue recibiendo los ingresos generados por esos negocios.
Esa diferencia resulta clave para muchos expertos, ya que el mandatario conserva un interés económico directo sobre empresas que pueden verse favorecidas por políticas públicas impulsadas por su propia Administración.
La riqueza crece mientras los inversionistas pierden
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el aumento del patrimonio presidencial no ha ido acompañado del mismo éxito para quienes compraron los productos financieros asociados a Trump.
AP señala que los llamados “tokens de gobernanza” vendidos por World Liberty Financial han perdido alrededor del 80 % de su valor desde que comenzaron a cotizar. Algo similar ocurrió con las criptomonedas conmemorativas lanzadas con la imagen del presidente, cuyo precio cayó desde más de 74 dólares hasta cerca de 1,70 dólares.
Aun así, Trump ya había obtenido cientos de millones de dólares gracias a la venta inicial de esos activos digitales, cuyos ingresos no dependen necesariamente del comportamiento posterior del mercado.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, utilizó esos datos para cuestionar el modelo de negocio del presidente, al afirmar que mientras Trump “se hizo más rico”, muchos de sus seguidores en el mercado de criptomonedas terminaron perdiendo dinero.
¿Negocios internacionales durante negociaciones diplomáticas?
Las preocupaciones no se limitan al mercado de criptomonedas.
Las declaraciones financieras muestran que el presidente también obtuvo decenas de millones de dólares mediante nuevos acuerdos inmobiliarios y licencias comerciales en países que, al mismo tiempo, negociaban asuntos estratégicos con Washington.
Entre ellos aparecen Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Vietnam y Rumania.
Según destaca AP, una propiedad en Emiratos Árabes Unidos generó más de 10 millones de dólares para los negocios del mandatario; otra en Arabia Saudita aportó cerca de nueve millones; mientras que proyectos en Qatar y Rumania produjeron alrededor de cinco millones cada uno.
La agencia señala que resulta prácticamente imposible demostrar si esos acuerdos influyeron directamente en decisiones del Gobierno estadounidense. Sin embargo, recuerda que varios de esos países obtuvieron posteriormente beneficios diplomáticos, comerciales o militares en sus relaciones con Washington. Es un panorama que alimenta el debate sobre la independencia entre los intereses públicos y privados del presidente.
También crecieron los negocios tradicionales del magnate de los bienes raíces convertido dos veces en presidente. Aunque las criptomonedas concentran ahora la mayor parte de la atención, el resto del imperio empresarial de Trump también experimentó un crecimiento importante.
Reuters indica que los ingresos de sus clubes de golf y complejos turísticos aumentaron más de un 15 % durante el último año y superaron los 500 millones de dólares.
Mar-a-Lago, en Florida, registró uno de los mayores incrementos, al pasar de generar cerca de 50 millones de dólares a aproximadamente 77 millones, coincidiendo con el regreso del mandatario a la Casa Blanca y con el aumento de visitas de empresarios, donantes y dirigentes políticos al exclusivo club.
Las declaraciones también incluyen ingresos por regalías derivadas de la venta de Biblias, relojes, zapatillas deportivas, perfumes y otros productos que llevan la marca Trump, además de decenas de millones de dólares obtenidos mediante acuerdos judiciales con empresas de medios y plataformas tecnológicas.
Un vacío legal que vuelve al centro del debate
Las revelaciones han reabierto un viejo debate en Estados Unidos: hasta qué punto un presidente puede mantener un vasto imperio empresarial mientras ocupa el cargo más poderoso del país.
Legalmente, el mandatario estadounidense no está obligado a desprenderse de sus activos ni a vender sus empresas, pero durante décadas los presidentes optaron por mecanismos que minimizaran cualquier apariencia de conflicto de intereses.
En el caso de Trump, sus críticos consideran que el crecimiento acelerado de su patrimonio, especialmente en sectores que dependen directamente de decisiones regulatorias del Gobierno, representa un desafío para los estándares éticos tradicionales de la Presidencia de EE. UU.
La Casa Blanca rechaza esas acusaciones y sostiene que todas las actuaciones del mandatario responden exclusivamente al interés público. Sin embargo, la magnitud de los ingresos revelados por los informes financieros ha vuelto a poner la relación entre el poder político y los negocios privados en el centro del debate sobre la transparencia y la ética en Estados Unidos.
Con Reuters y AP
