Ciudad de México, 5 nov (dpa) – México se encuentra ante un “antes y un después” en la política prohibicionista sobre consumo de marihuana, dijo hoy el juez de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, un día después de que el máximo tribunal autorizara el uso y cultivo de cannabis con fines recreativos a cuatro personas.
“Esto quizás pudiera ser el inicio de una nueva ruta en la política pública antidrogas del Estado mexicano”, consideró Zaldívar, autor del proyecto de resolución aprobado el miércoles por sus colegas en la Corte.
La resolución del tribunal amparó a cuatro personas que habían pedido autorización para el consumo de marihuana y declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta, en una sentencia sólo válida para este caso.
Para sentar jurisprudencia, la Corte tendría que conceder cuatro amparos más similares y entonces se daría la declaratoria general de inconstitucionalidad.
“Podría llegarse a un esquema en donde se permita el autoconsumo a través de sentencias judiciales”, afirmó el magistrado.
“Sin embargo, yo estimo que, dado el debate que se ha iniciado con esta resolución de la Corte, lo más sano sería que se haga toda una política pública en el Congreso y del Poder Ejecutivo para determinar las mejores soluciones interdisciplinarias en un fenómeno que, sin duda, es muy complejo”, añadió.
Zaldívar dijo que se parte de “una nueva lógica, de la lógica de que la prohibición absoluta, al menos por lo que hace a la marihuana, no sólo ya no es conveniente, no es constitucional”.
Según indicó, la sentencia no pretende promover el consumo de la marihuana, sino resguardar el derecho humano al libre desarrollo de la persona porque el daño comprobado causado por la marihuana no amerita una prohibición total.
“Sin duda esta sentencia es un parteaguas, es un antes y un después”, dijo. “La resolución es muy trascendente, más allá del amparo a las cuatro personas, porque cambia el paradigma sobre el cual se había establecido todo el debate de la política prohibicionista antidrogas”.
Al Estado corresponderá emitir “una regulación adecuada en términos de salud y derechos de terceros”, manifestó.
