Caracas, 18 jul (dpa) – El ex gobernador y dirigente opositor venezolano Pablo Pérez denunció hoy que fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, después que tres candidatos opositores a las elecciones legislativas de diciembre fueran sancionados también por la Contraloría General.
Pérez, quien fue gobernador del estado occidental de Zulia entre 2008 y 2012, dijo que recibió una comunicación de la Contraloría en la que anuncia la sanción sobre la base de la Ley de Contraloría.
La medida fue anunciada después que fueran inhabilitados por un año la ex diputada María Corina Machado y los ex alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, quienes figuraban en las listas de candidatos de la oposición para las legislativas de diciembre.
Tras protestar la sanción, Pérez acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de ser responsable de la maniobra en su contra.
“El gobierno y el PSUV me inhabilitaron por 10 años, otro ensañamiento contra la disidencia democrática”, señaló Pérez en su cuenta de Twitter.
Asimismo, su partido, Un Nuevo Tiempo, señaló en un comunicado que se trata de una sanción arbitraria.
“La inhabilitación política es un mecanismo que bajo la administración arbitraria se convierte en la más perversa herramienta para intentar sacar del escenario político a líderes de la alternativa democrática”, recalcó.
Recordó que además de Pérez, Ceballos, Machado y Scarano, también fue inhabilitado el fundador del partido y ex candidato presidencial Manuel Rosales.
“Sólo pretenden diezmar infructuosamente el liderazgo de quienes han hecho de la lucha por los valores democráticos y por la defensa del pueblo ante la aguda crisis que hoy enfrentamos una constante en su acción política”, dijo.
Asimismo, instó al gobierno a cesar las inhabilitaciones políticas a ciudadanos “sin que medie un proceso legal justo y oportuno”.
“Exigimos también la eliminación de las inhabilitaciones impuestas a la fecha sin que haya tenido lugar un juicio justo con las respectivas garantías del debido proceso”, indicó.
“Denunciamos ante la comunidad internacional el uso absolutamente ilegal de la inhabilitación política como mecanismo para intentar hacer desaparecer a la alternativa democrática y la evidente complicidad de los poderes públicos para su implementación”, agregó.
Scarano, un ex alcalde del municipio San Diego, en el estado central de Carabobo, ganó las primarias opositoras del 17 mayo para presentar su candidatura a las legislativas, al igual que Ceballos, en la ciudad de San Cristóbal.
Machado fue desaforada a comienzos de 2014, acusada de abandonar su cargo para denunciar en la OEA la crisis política venezolana, aprovechando el cargo que le cedió Panamá. Integraba la lista de la oposición a las legislativas.
La inhabilitación les impedirá optar a cualquier cargo público y postularse a las elecciones de diciembre.
