¿A dónde se dirige la política exterior de Colombia? Basta con mirar la lista de invitados a la investidura de este 7 de agosto del ultraderechista Abelardo de la Espriella en Cali, a donde trasladó su toma de posesión, cuando siempre ha sido en la capital.
En la Arena USC, donde por primera vez una ciudad distinta de Bogotá acoge un relevo de mando presidencial, estarán el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), José Raúl Mulino (Panamá), Laura Fernández (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana) y Nasry Asfura (Honduras).
También dirá presente el canciller de Israel, mientras que Brasil envía a su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y El Salvador y Guatemala, a sus vicepresidentes.
Buena parte de esos invitados no estaría en Cali si el 21 de junio hubiese ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el izquierdista Iván Cepeda.
Abelardo de la Espriella, el abogado de 48 años que se impuso por unos 250.000 votos, el margen más estrecho de un balotaje colombiano en la historia reciente, prometió revertir casi todo lo que el mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, hizo en política exterior.
Israel: el cambio contundente
El 1 de mayo de 2024, Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en rechazo a la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Pero, a partir de este viernes, las relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu se restablecerán.
La hoja de ruta se pactó en julio pasado en Washington, en una reunión entre el canciller designado Omar Bula Escobar y su par israelí, Gideon Sa’ar. Incluye el regreso de embajadores, la eliminación recíproca de visas, la reactivación de la cooperación económica y de seguridad, y el traslado de la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén.
Una mayoría de países, además de la ONU, no reconocen oficialmente a Jerusalén como capital de Israel al considerar que el estatus debe resolverse mediante un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, debido a la disputa sobre Jerusalén Este.
Además, el país suramericano también retirará su intervención en el caso que Sudáfrica promueve contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Ese último punto es el que más ruido hizo en Colombia, aunque su efecto jurídico sea limitado: el retiro colombiano no frena el caso ni cambia lo que la CIJ decida sobre la acusación de genocidio por su ofensiva en Gaza.
Para Manuel Camilo González Vides, internacionalista y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, el traslado de la embajada es la señal de que se trata de algo más que una restauración conservadora.
“Eso nunca se ha hecho, ni siquiera en un gobierno de derecha como el del presidente Uribe“, dice a France 24. Su lectura de la situación es una imagen de cine: “Es un volver al futuro, pero recargado”.
Del otro lado, Carolina Flechas, docente internacionalista de la Universidad Sergio Arboleda, plantea que hubo un costo material por la ruptura con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Antes de 2024, Israel era proveedor clave de armamento y tecnología para las Fuerzas Armadas colombianas, y comprador de carbón; Petro suspendió también esas exportaciones.
Sobre el eventual costo del movimiento en el mundo árabe, es escéptica: “Colombia no causa peleas”, y hoy, argumenta, a esos países les interesa, sobre todo, sostener una buena relación con Estados Unidos.
Al respecto, Petro no se quedó callado. Durante su último discurso del 20 de julio como jefe de Estado dijo que le “avergüenza” que De la Espriella retome relaciones con Israel.
De las sanciones al Escudo de las Américas de Trump
El expediente con Washington es el más cargado.
En septiembre de 2025, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas —la primera vez en casi tres décadas—, aunque emitió una exención que evitó el corte automático y total de su asistencia.
Un mes después, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Petro, a su familia y a colaboradores cercanos. Y el 24 de julio de este año entró en vigor un arancel del 12,5% para productos colombianos, aplicado bajo la Sección 301 por deficiencias en el control de bienes producidos con trabajo forzoso.
Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, advierte contra la posibilidad de entender ese arancel en clave ideológica. Colombia no fue el único país alcanzado por el paquete, recuerda, y el objetivo era otro.
“Trump quiere ponerle aranceles hasta al papa. Si pudiera ponerle aranceles a la religión, se los pondría”, comenta France 24.
“Estados Unidos estaba buscando un pretexto y lo encontró”.
Del otro lado está el Escudo de las Américas, la coalición antidrogas que Donald Trump lanzó el 7 de marzo en Florida y a la que Colombia, en pleno deterioro de la relación bilateral, no fue invitada.
De la Espriella anunció que el país se suma y que Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia y de tendencia derechista, será la sede nacional de la iniciativa. Esta habilita el intercambio de inteligencia, la coordinación de operaciones y el uso de fuerza militar contra estructuras que Washington considera narcoterroristas.
¿Qué pide Estados Unidos a cambio? González Vides lo sitúa en dos de los ejes de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense: crimen organizado transnacional y migración irregular.
En la práctica, explica, eso significa desmontar la ‘Paz total’, la estrategia de negociación que impulsó Gustavo Petro con diferentes grupos ilegales para ponerle fin a un conflicto armado de décadas, pero que fracasó.
La idea es, según el experto, reemplazarla por una lógica de sometimiento. Y ahí aparece “la trampa”: el nuevo gobierno tendrá que mostrar reducciones en los cultivos de coca sin los programas de sustitución que financiaba la cooperación estadounidense y con una sentencia de la Corte Constitucional que restringe la aspersión con glifosato, afirma.
Flechas lo ve como un trueque explícito. La condición “será la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas”. Y recuerda que De la Espriella ya lanzó un ultimátum a las cabezas de grupos criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
Con Caracas, a través de Washington
Sobre Venezuela, el gobierno entrante tomó una decisión que casi no se discutió durante la campaña. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Delcy Rodríguez quedó al frente del Ejecutivo, y el nuevo gobierno decidió que no hablará con ella directamente.
“Nuestra interacción con Venezuela será por la vía de los Estados Unidos de América”, dijo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
González Vides describe el plan estadounidense para Venezuela en tres palabras: orden, rentas y transición. Aclara que esa transición “no necesariamente” será democrática. Su conclusión sobre el lugar que le queda a Bogotá es contundente:
“Colombia no se va a mover hasta que Estados Unidos le diga que se tiene que mover”.
Con respecto a la frontera, Flechas señala que ese problema no se delega: el control migratorio seguirá siendo colombiano, y la crisis abierta por el terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio puede empujar una nueva ola de llegas a Colombia.
“No va a evitar que lleguen migrantes“, asegura.
Un bloque que no es una institución
Con Milei, Kast, Noboa y De la Espriella, la foto de Cali sugiere un eje regional, pero los consultados coinciden en que se trata más de afinidad.
Con Ecuador el deshielo ya se puede ver: Quito eliminó la tasa de seguridad que había impuesto a los productos colombianos después de una llamada entre Noboa y De la Espriella en plena campaña, aunque también influyó una resolución vinculante de la Comunidad Andina que presionaba por retirarla.
González Vides habla de alianza antes que de institución. “El Escudo de las Américas es simplemente una asociación de países con una afinidad conservadora”, explica. Agrega que a las derechas latinoamericanas, mayoría ahora en la región, históricamente les incomodan las organizaciones que les dicen cómo tienen que actuar.
Guzmán, por su parte, recurre a la memoria más reciente: Unasur o la Celac. “Todo termina tratando de hacer algo paralelo a la OEA porque no les gusta”, resume.
“Nadie se está poniendo serio para trabajar en instituciones donde no todos estén de acuerdo. Parte del reto es convivir con personas que piensan distinto”.
Brasil y México, sin embargo, siguen fuera del Escudo de las Américas de Trump.
El profesor universitario, analista político y columnista Gabriel Cifuentes advierte contra la lectura más rápida de ese vacío. Ninguno de los dos fue históricamente un socio comercial de primer orden para Colombia —ese lugar lo ocuparon Venezuela y Ecuador—, y con ninguno se anunció ruptura de relaciones.
“Las diferencias se van a manejar de manera distinta a lo que podría suceder con Cuba y Nicaragua“, afirma a France 24. Además, en octubre hay elecciones en Brasil: un eventual triunfo de Jair Bolsonaro terminaría de cerrar el arco de derechas en Suramérica y haría más fluida la relación con Brasilia.
¿Y China?
Donde sí puede haber un freno es más allá del continente americano. Petro firmó en mayo de 2025, durante una visita a Beijing, un plan de cooperación para adherir a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y radicó formalmente la solicitud de ingreso de Colombia al banco de desarrollo de los BRICS.
El gobierno entrante no se ha pronunciado todavía sobre ninguna de las dos cosas, pero Cifuentes anticipa una mirada escéptica hacia China y Rusia pese a su peso comercial.
“Con Abelardo de la Espriella, seguramente por la influencia y la incidencia de Estados Unidos, se verían cada vez más restringidas”.
Su análisis describe la misma paradoja que señalan los otros consultados: hay un regreso a los aliados tradicionales, pero con una cancillería crítica del multilateralismo y “con una visión orientada exclusivamente hacia el norte“.
Lo que promete y lo que puede
Gran parte de la agenda anunciada choca contra límites concretos.
De la Espriella confirmó el cierre de 14 embajadas y 15 consulados, la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua, la suspensión de la apertura de una sede en territorios palestinos y una nueva embajada en Nigeria. También dijo que analizará la salida de Colombia de la ONU y la OEA.
Los analistas consultados coinciden en que es muy difícil que pueda llevar a cabo sus planes.
González Vides apunta al procedimiento, porque la Carta de Naciones Unidas no prevé un mecanismo de retiro, mientras que Guzmán apunta a la política. “Aunque lo ponga en el programa de gobierno, se va a ver enormemente frustrado”, dice, y enumera: sin coalición amplia en el Congreso, con una Corte Constitucional que custodia el bloque de constitucionalidad y con el mandato más ajustado en mucho tiempo.
“Abelardo tiene que moderar sus expectativas de lo que es capaz de hacer”.
Sobre el cierre de embajadas, Guzmán duda incluso del argumento fiscal: los países que cierran sedes suelen reabrirlas dos años después y terminan gastando más. “Me parece que es más simbólico que austero”.
Septiembre, el primer examen
El primer test llega el mes que viene, y por partida doble. En septiembre se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Colombia mostrará su nueva posición frente a Medio Oriente, al tiempo que se define la certificación antidrogas estadounidense. González Vides señala la dificultad: entre agosto y septiembre no hay tiempo material para exhibir resultados en erradicación.
Guzmán lo confirma desde otro lado: Washington pedirá resultados medibles, pero hay una simpatía inicial que lo hace proclive a la generosidad, “algo que no hubiesen hecho jamás con un sucesor de izquierda”.
Queda una pregunta de fondo, que Guzmán deja abierta. La diversificación de socios que intentó Petro, comenta, tenía sentido para un país que no tiene por qué anclarse enteramente a un Estados Unidos hoy hostil al multilateralismo. El problema fue la ejecución:
“Petro tenía una buena intención, pero una muy mala ejecución”.
De la Espriella, en cambio, “probablemente va a ser un regreso a la zona de confort”.
El diagnóstico, entonces, explica por qué se repite la misma historia cada cuatro años: “Colombia nunca ha tenido una política exterior de Estado. La política exterior siempre ha sido de gobierno”.
Con EFE, AP y medios locales
