Por Nathanaël Vittrant
Tres mil comercios se vieron afectados, algunos de ellos completamente saqueados y devastados, según el gobierno. La factura podría ascender a «varios cientos de millones de euros», según los profesionales del sector, aunque todavía es demasiado pronto para precisar esa cifra. El costo se anuncia elevado tanto para las aseguradoras como para el Estado, pero eso no es más que la parte visible del iceberg.
Las imágenes de «calles enteras metódicamente devastadas», retomando la expresión del alcalde de París, sin que interviniera un solo policía, dieron la vuelta al mundo. Del mismo modo, también se difundieron casos documentados de violencia policial contra las marchas de estudiantes de secundaria que reclaman poder estudiar en condiciones dignas. El Ministerio del Interior prometió reforzar la protección de los centros urbanos el próximo sábado y aumentar la supervisión de las manifestaciones. En ambos casos, el Gobierno parece incapaz de ofrecer una respuesta distinta de la seguridad y el orden público.
El costo de la deuda supera el presupuesto de la Educación Nacional
Pero mientras la Asamblea Nacional debate el presupuesto de 2027, su margen de maniobra es muy limitado. Las finanzas públicas están bajo presión: el aumento de los precios de la energía debido a la situación en Oriente Medio pesa sobre las empresas, ralentiza la actividad económica y, por lo tanto, reduce los ingresos del Estado. Al mismo tiempo, el alza del precio de los combustibles llevó a los antiguos chalecos amarillos a sumarse al movimiento estudiantil para volver a poner sobre la mesa la cuestión del poder adquisitivo.
Pero, ¿cómo responder a estas demandas cuando el Ejecutivo sigue manteniendo la ambición de reducir el déficit al 5 % en 2027 y busca para ello ahorrar 43.000 millones de euros? Más aún cuando se niega a tocar las ayudas públicas a las empresas que, según las cifras recién publicadas por Bercy, representaron 166.000 millones de euros en 2024, casi tanto como el déficit público.
El domingo, el Tribunal de Cuentas advirtió que, si no lograba controlar “la trayectoria de la deuda”, Francia correría el riesgo de sufrir una “asfixia financiera”. También recordó que el costo de la deuda superará los 90.000 millones de euros el próximo año. Es decir, más que el presupuesto de Educación Nacional. Si se excluye la parte de ese presupuesto destinada al pago de las pensiones, incluso puede decirse que Francia dedica una vez y media el presupuesto de la escuela pública simplemente a pagar los intereses de su deuda. Sin mayoría parlamentaria y en pleno año presidencial, alcanzar un compromiso parece imposible.
El inicio de un círculo vicioso
Los mercados ya observaban con preocupación la deuda francesa desde la disolución de 2024. Las imágenes del fin de semana pasado, especialmente si se repitieran en las próximas semanas, podrían tener un efecto devastador. Visto desde el extranjero, la impresión, aunque sea muy exagerada, de un país sumido en el caos y fuera de control podría tener un peso considerable. Menos sobre el turismo, ya que el movimiento de los chalecos amarillos en 2018 o los disturbios de 2023 tras la muerte de Nahel Merzouk, un joven abatido por un policía, tuvieron un impacto relativamente limitado, que sobre la imagen del país entre los inversionistas.
Y es que, según las cifras del Banco Central Europeo, más de la mitad de la deuda francesa está en manos de inversionistas extranjeros. La inestabilidad, real o percibida, podría hacerlos dudar a la hora de prestar dinero. De hecho, desde hace varios meses exigen tasas de interés cada vez más elevadas. El comienzo de un círculo vicioso: el país tendría que endeudarse más para pagar unos intereses cuyo incremento provocaría mecánicamente una desaceleración de la actividad económica y una caída de los ingresos del Estado. El punto de partida de una situación particularmente grave tanto en el plano económico como en el social.
