Santiago, 18 mar (elmundo.cr) – Entre las medidas que han tomado los Gobiernos de muchos países de América Latina y el Caribe ante la rápida expansión del coronavirus COVID19 está el cierre de las escuelas y, por ende, la suspensión de los programas de alimentación escolar.
Estos programas actualmente benefician a 85 millones de niñas y niños en América Latina y el Caribe. Para cerca de 10 millones, constituyen una de las principales fuentes de alimentación segura que reciben al día.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la suspensión de los programas de alimentación supondrá un desafío para garantizar la seguridad alimentaria y el estado nutricional de muchos niños y niñas, especialmente de los grupos más vulnerables de la población.
“Asegurar una alimentación suficiente, diversa y nutritiva contribuye a fortalecer el sistema inmunológico de las personas e incrementa sus capacidades de enfrentar enfermedades”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.
La FAO llamó a los gobiernos a implementar medidas en favor de la población escolar cuyas familias tiene mayores dificultades para acceder a alimentos, para suplir el aporte nutricional que garantizaban los programas de alimentación escolar.
La FAO señaló que, para cualquier acción que los gobiernos emprendan, se deben considerar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, para frenar la propagación del coronavirus COVID19.
“Los sistemas de protección social, por ejemplo, pueden jugar un papel clave para garantizar la alimentación de la población más vulnerables en las próximas semanas”, explicó Berdegué.
Opciones para garantizar la alimentación infantil
Las recomendaciones para minimizar el impacto del cierre de los programas de alimentación escolar sobre la seguridad alimentaria y nutrición deben ser decididas por cada país, tomando todas las precauciones para evitar la transmisión del virus COVID-19.
Algunas medidas posibles son:
· Distribución de alimentos a las familias con mayor vulnerabilidad, estableciendo horarios de entrega en las escuelas, o a través de unidades móviles.
· Incrementar la asignación económica de los programas de protección social (como los de transferencias de ingresos) en un monto correspondiente al costo de las raciones de alimentos entregadas por los programas de alimentación escolar.
· Entrega de raciones de alimentos de emergencia a nivel de las comunidades y territorios más vulnerables en coordinación con organismos autorizados del Gobierno o la cooperación internacional.
· Exoneración de impuestos a alimentos de primera necesidad para familias con hijos en edad escolar, especialmente para trabajadores de los sectores económicos más afectados.
· Entrega a domicilio de alimentos frescos, sí es posible de la agricultura local.
· Redistribución de los alimentos de los programas de alimentación escolar mediante donaciones a entidades encargadas de dar asistencia alimentaria (como los bancos de alimentos, organizaciones sociales, no gubernamentales, iglesias) durante la fase de respuesta a la emergencia, bajo el seguimiento estricto de los protocolos de seguridad para evitar la propagación del virus.
· Uso de instrumentos digitales (aplicaciones georreferenciadas), para la mejorar la comunicación sobre puntos de acceso a entregas de alimentos, horarios de distribución, y recomendaciones de buen uso de alimentos, y medidas para reducir el riesgo de propagación del COVID-19.
El establecimiento de mesas de alimentación y nutrición, en la que participen los sectores encargados de los programas de alimentación, puede permitir identificar otros grupos de alto riesgo de inseguridad alimentaria, como los adultos mayores que viven solos o están aislados por la situación actual, para tomar acciones oportunas para resguardar su nutrición.
Todas estas medidas necesitan de una amplia coordinación interinstitucional, bajo el liderazgo de las autoridades designadas en cada país, para enfrentar esta crisis.
