El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en un movimiento que refuerza la presión diplomática y financiera sobre Nicaragua.
El Departamento del Tesoro informó que los sancionados son la ministra Johana Vanessa Flores; los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Celia Margarita Reyes; y el jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.
Acusaciones por vigilancia, represión y confiscaciones
Según el comunicado oficial, la ministra Flores, en el cargo desde agosto, es señalada de permitir la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, facilitar la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y fomentar “competencia desleal” debido a las condiciones laborales impuestas en el país.
El mayor general Leonel José Gutiérrez encabeza el directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del ejército nicaragüense. Washington lo vincula con labores de monitoreo y vigilancia contra manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
La Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, es acusada de permitir al gobierno utilizar las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero para perseguir a opositores políticos.
En cuanto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, el Departamento del Tesoro lo describe como un “componente central” de un amplio aparato de vigilancia y espionaje estatal. Su directora general, Nahima Janett Díaz, ya había sido sancionada en 2022; ahora se suma su número dos, Celia Margarita Reyes.
¿Qué implican las sanciones?
Las medidas establecen que los funcionarios sancionados no podrán realizar transacciones financieras o comerciales en territorio estadounidense, ni mantener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.
Además, cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense quedará bloqueado.
En un comunicado paralelo, el Departamento de Estado aseguró que Washington seguirá utilizando “todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles” para enfrentar a quienes considera una amenaza para la seguridad nacional estadounidense en el hemisferio.
El texto también reiteró el llamado a la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua”.
Una presión sostenida
La semana pasada, el Departamento de Estado anunció la prohibición de entrada a Estados Unidos del director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, donde permanecen recluidos la mayoría de los presos políticos.
Con esta nueva ronda de sanciones, Estados Unidos reafirma su estrategia de aislamiento político y financiero contra el régimen nicaragüense, en un contexto regional donde Managua ha quedado cada vez más distanciada de gobiernos y organismos internacionales.
