Por Juan José Dalton (dpa)
San Salvador, 21 ago (dpa) – La multiplicidad de los grupos armados ilegales y la consecuente respuesta del Estado están incrementando drásticamente los niveles de violencia en El Salvador, a tal grado que ciertos analistas ven el peligro de que surja una mayor confrontación con movimientos insurgentes en un país que logró poner fin a una guerra civil hace 23 años.
La violencia asciende a índices extremos: además de los 25 asesinatos diarios reportados en lo que va del mes de agosto, han comenzado a registrarse hallazgos de cadáveres calcinados o cuerpos de jóvenes con señales de tortura.
Estadísticas y análisis del Estado indican que en la actualidad existen tantos o más homicidios de los que hubo en la pasada guerra civil (1980-1992), cuando los promedios diarios no llegaban a 20.
“Estamos en una nueva etapa de escalada de violencia, de confrontación armada, en la que están participando tanto el Estado como las pandillas y otros grupos armados e ilegales”, aseveró a la agencia dpa Jeannette Aguilar, que dirige el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) y autora de varios libros sobre las pandillas en El Salvador y Centroamérica.
“Me parece grave que el Estado esté recurriendo a la utilización de prácticas de violencia institucional que en realidad pueden provocar que transitemos a un nuevo estadio en este conflicto y en este caso, darles más elementos a estos grupos armados, el caso de las pandillas, para que realmente evolucionen a lo que podría ser un movimiento social con rasgos de un grupo insurgente”, advirtió la experta en temas de violencia.
A finales del mes de julio las pandillas lograron paralizar parcialmente el transporte público, especialmente en la capital. Lanzaron una orden de boicot y, para hacer cumplir sus medidas, asesinaron a 11 transportistas e hirieron a otros cuatro. Con el paro provocaron 60 millones de dólares en pérdidas.
La reacción del gobierno fue un mayor despliegue de policías y de soldados en todo el país y operativos de seguridad para los autobuses y terminales. Además, se giraron órdenes de captura contra 300 pandilleros acusados por la fiscalía de haber dirigido y ejecutado el paro del transporte.
Sin embargo, Aguilar considera que “el gobierno y el Estado en su conjunto han sido totalmente incapaces e inoperantes para implementar la política vigente de seguridad, es decir (…), se han quedado a un nivel del papel y el discurso”.
El secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos, Luis Arreaga, visitó recientemente El Salvador y, además de considerar que las causas que han generado esta situación de violencia son la falta de oportunidades económicas, apuntó hacia la ausencia se servicios del gobierno en algunas localidades.
Arreaga también observó que la presencia del narcotráfico, que ha hecho una ruta de tránsito en Centroamérica, ha derivado en una proliferación del pandillerismo.
En los medios de prensa y en las redes sociales las noticias de los asesinatos son las que ocupan los mayores espacios. La preocupación cunde cuando las cifras se disparan, como lo ocurrido entre el domingo y el martes pasado, cuando se reportaron 125 asesinatos, un promedio de 41,6 por día, casi el doble de lo que ocurre diariamente.
La investigadora salvadoreña estima que “este derramamiento de sangre no tiene una respuesta única: es el resultado último de una conjunción de prácticas, grupos y actores violentos que están participando en estas dinámicas”, entre los que menciona a pandillas radicalizadas, pero también a grupos de exterminio.
El subdirector de la policía, Howard Cotto, afirmó por lo pronto que “se está investigando profundamente el repunte de la violencia actual”.
En tanto, la violencia no sólo afecta la vida directa y cotidiana del ciudadano común, sino también la actividad económica del país, tal como quedó claramente demostrado con el reciente paro de transporte forzado por las pandillas.
Según informes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), una de cada cuatro empresas se han visto afectadas por la violencia y el 59 por ciento no prevé hacer más inversiones en El Salvador.
