Kampala, 28 ago (elmundo.cr) – Un hombre de 20 años se convirtió en el primer ugandés acusado de “homosexualidad agravada”, un delito castigado con la muerte, según la ley antigay recientemente promulgada en el país, dijeron los fiscales y su abogado.
Desafiando la presión de los gobiernos occidentales y de las organizaciones de derechos humanos, Uganda promulgó en mayo una de las leyes más duras del mundo dirigido a la comunidad LGBT.
Prescribe cadena perpetua para las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. La pena de muerte puede aplicarse en casos considerados “agravados”, que incluyen reincidencia, sexo homosexual que transmite enfermedades terminales o relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con un menor, un anciano o una persona con discapacidad.
Según una hoja de cargos vista por Reuters, el acusado fue acusado el 18 de agosto de homosexualidad agravada después de “realizar relaciones sexuales ilegales” con un hombre de 41 años. No precisó por qué el hecho se consideró agravado.
“Dado que se trata de un delito capital que puede ser juzgado por el Tribunal Superior, el cargo le fue leído y explicado en el tribunal de primera instancia el día 18 y fue puesto en prisión preventiva”, dijo Jacqueline Okui, portavoz de la oficina del director de la fiscalía.
Okui no proporcionó detalles adicionales sobre el caso. Dijo que no tenía conocimiento de que nadie más hubiera sido acusado previamente de homosexualidad agravada.
Justine Balya, abogada del acusado, dijo que creía que toda la ley era inconstitucional. La ley ha sido impugnada ante los tribunales, pero los jueces aún no se han hecho cargo del caso.
Balya dijo que otras cuatro personas han sido acusadas en virtud de la ley desde su promulgación y que su cliente fue el primero en ser procesado por homosexualidad agravada. Ella se negó a comentar sobre los detalles de su caso.
Uganda no ha ejecutado a nadie en aproximadamente dos décadas, pero la pena capital no ha sido abolida y el presidente Yoweri Museveni amenazó en 2018 con reanudar las ejecuciones para detener una ola de criminalidad.
La promulgación de la ley hace tres meses provocó una condena generalizada y amenazas de sanciones. A principios de este mes, el Banco Mundial suspendió la nueva financiación pública a Uganda en respuesta a la ley.
Estados Unidos también ha impuesto restricciones de visa a algunos funcionarios ugandeses, y el presidente Joe Biden ordenó una revisión de la ayuda estadounidense a Uganda.
