Washington, 12 sep (VOA) – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que impuso nuevas sanciones a 16 funcionarios alineados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, acusándolos de “obstruir un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo” en el país.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a estos funcionarios, además, por “violación de los derechos civiles y humanos del pueblo”. Entre los sancionados se encuentran líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La medida se produjo días después de la partida al exilio de Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representó a los principales partidos de la oposición y afirmó haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio por un amplio margen.
“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo en declaraciones escritas.
Más tarde, la Casa Blanca reafirmó su postura de apoyo al excandidato opositor y al pueblo venezolano.
“Estados Unidos va a seguir trabajando con nuestros aliados internacionales para alentar a Venezuela a mantener un diálogo constructivo para restablecer las reglas democráticas y asegurar que Maduro y sus representantes respondan por sus acciones, y para apoyar las aspiraciones populares de democracia y de un futuro más próspero”, dijo en intercambio con reporteros Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca.
Ademas, adelantó que pudieran venir más acciones contra el gobierno chavista.
“Entre tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Maduro y sus representantes están cometiendo fraude electoral y usando violencia para silenciar la oposición al régimen de Maduro”, enfatizó.
El Departamento de Estado, además, anunció que está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visas. Al momento, casi 2.000 personas han sido sancionadas por Estado por “su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos”.
Las sanciones impuestas por el Tesoro incluyen bloqueo de la propiedad y suspensión de la entrada a EEUU.
“Hemos estado trabajando día y noche con aliados, tanto dentro del hemisferio occidental como fuera de él, para asegurar que Venezuela pueda encaminarse hacia un camino más sostenible y democrático”, dijo un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional a la prensa.
Este agregó que se habían “asegurado” de “al juez y al fiscal que autorizaron la orden de arresto políticamente motivada” contra González Urrutia.
Entre los sancionados se encuentran Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del TSJ, y otros jueces como Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquias Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares. Así como Fanny Beatriz Márquez, vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral.
Otras personas nombradas fueron Rosalba Gil Pacheco, rectora del CNE, Antonio José Meneses, secretario general del CNE, Pedro José Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Domingo Antonio Hernández, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y Miguel Antonio Muñoz subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
“Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”, dijo el Departamento del Tesoro.
Todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente de estas personas también estarán bloqueadas.
Cualquier institución financiera o personas que participen en transacciones desde Estados Unidos con los designados, también podrían recibir sanciones.
El funcionario estadounidense agregó que además de la imposición de nuevas sanciones, están centrados en la “aplicación” de las medidas existentes, y mencionó la reciente incautación de un avión propiedad de Maduro como un ejemplo de ello.
“Estas designaciones individuales específicas sirven para destacar a los actores individuales que participan en conductas sancionables, como el abuso de los derechos humanos o el debilitamiento de los procesos democráticos en Venezuela”, agregó.
Venezuela rechaza nuevas sanciones a funcionarios
Horas después del anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó “en los términos más enérgicos” la imposición de nuevas sanciones a funcionarios del gobierno, catalogando la medida como un “crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América”.
En un comunicado, el ministro de Exteriores, Yvan Gil Pinto, aseguró que las sanciones son una violación a los acuerdos firmados en Qatar y que intentan “imponer” ideas políticas.
“Esta arremetida contra personas que, día a día, defienden la soberanía y la paz de la Nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población”, concluyó Gil Pinto.
El CNE declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio sin presentar las actas de votación, lo que ha sido blanco de críticas por parte de gobiernos internacionales y organizaciones independientes.
Expertos de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que por invitación del gobierno de Maduro observaron las elecciones, determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad.
“No creo que ayuden”
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, cree que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra los 16 funcionarios de Maduro no ayudarán a encontrar una salida a la crisis política en que se encuentra sumido el país.
“No creo que ayuden”, dijo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, al ser preguntado en su rueda de prensa diaria desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
El funcionario también añadió que en la secretaría general de la ONU continúa la “preocupación por el respeto a los derechos humanos” y por “la falta de transparencia” imperante tras las votaciones de julio.
