Ciudad de Guatemala, 23 jun (VOA) – Dos senadores estadounidenses, el republicano Bill Cassidy y el demócrata Tim Kaine, presentaron el miércoles la propuesta de Ley de Apoyo a los Prisioneros Políticos de Nicaragua, que busca ayudar a ex presos políticos del país centroamericano.
De acuerdo con el documento, los 222 ex reos políticos nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 tras ser excarcelados y despojados de su nacionalidad, recibirían asistencia para su reubicación, programas de subvenciones, servicios de bienestar infantil y derecho a una licencia de conducir, entre otros beneficios.
También se beneficiarían sus familiares inmediatos con ciertas medidas disponibles para refugiados.
El documento especifica que primero los ex reos y sus familiares deberían haber pasado un registro de seguridad que satisfaga la Seguridad Nacional, y que su permiso de libertad condicional (parole, en inglés) no haya sido anulado.
El senador republicano Bill Cassidy dijo en un comunicado que los nicaragüenses excarcelados “son líderes políticos que se atrevieron a desafiar al dictador asesino y tratar de destituirlo”, en referencia al presidente Daniel Ortega, y que por eso hay que “ayudarlos en la próxima fase de su lucha contra el brutal régimen”.
El senador demócrata Tim Kaine, por su parte, dijo en un comunicado que la decisión del gobierno de Nicaragua de detener “injustamente, torturar y luego expulsar a Estados Unidos a 222 nicaragüenses que se han manifestado en contra del régimen de Ortega es abominable”, por lo que el proyecto de ley bipartidista “ayudará a brindar a estos valientes nicaragüenses la asistencia que necesitan para establecerse en EEUU”.
Legislación complementaria será presentada en la Cámara de Representantes por María Elvira Salazar y Joaquín Castro, dijeron los senadores en el comunicado.
“Es una esperanza”, dicen excarcelados nicaragüenses
“Nos llena de muchísima satisfacción y esperanza esta iniciativa de Ley porque refleja la lucha del pueblo nicaragüense”, dijo a la Voz de América el ex aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, excarcelado en febrero de este año y exiliado en EEUU, tras conocer la propuesta de los senadores.
Chamorro dijo que el hecho de que la iniciativa sea “bipartidista es alentador”.
Por su parte la excarcelada política Samantha Jirón lo ve como ” una propuesta muy importante porque nos va a beneficiar”. En su caso dice que le ha costado reencontrarse con su familia tras su detención.
“En un país tan difícil de vivir en donde cuesta acceder a vivienda, estudiar o un trabajo, esto nos va a servir para reunificarnos con nuestra familia. En realidad han sido pocos los que han podido reunificarse”.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, con base en Costa Rica, señaló que las políticas para solicitar asilo en Estados Unidos “son bastante complejas, y una iniciativa como esta vendría a apoyar y acelerar esta protección internacional de personas sobre quienes no existe duda razonable de que son personas perseguidas políticas”.
“Esperamos que pueda aprobarse y aplicarse prontamente y que pueda colaborar a restituir los derechos humanos de las distintas personas a quienes se les han vulnerado por completo en Nicaragua”, indicó a la VOA el abogado del Colectivo, Yader Valdivia.
¿Cuál es el procedimiento para su aprobación?
El sistema legislativo de Estados Unidos es bicameral, por lo que la propuesta de ley comienza lo mismo en el Senado que en la Cámara de Representantes, dependiendo de si lo presenta un senador y un representante.
Los legisladores encargados de impulsar el proyecto de ley lo estudian, intercambian opiniones y hacen cambios. Luego votan para aceptar o rechazar el documento antes de devolverlo a la Cámara de Representantes o al Senado para el debate general. Si es aprobado por la mayoría, se envía a una u otra cámara para pasar por un proceso similar que incluye debate, posibles modificaciones y otra votación.
El presidente de EEUU es el encargado de firmar la versión final de los proyectos para que se conviertan en ley, o rechazarlos con el veto.
El gobierno de Daniel Ortega se ha referido a los opositores a los que les canceló la nacionalidad como “golpistas” que intentaban sacarlo del poder en el 2018.
“Toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida por atentar contra la soberanía, contra la paz de las familias nicaragüenses (…) eran agentes de potencias extranjeras”, dijo Ortega en febrero de este año, al anunciar la excarcelación de los opositores.
