San José, 13 may (elmundo.cr) – El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, fue denunciado formalmente ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por presuntas actuaciones administrativas que habrían impedido el esclarecimiento de un posible conflicto de intereses dentro de la institución.
La denuncia, presentada por el periodista Sergio Zúñiga Ruiz, sostiene que la Rectoría, mediante la resolución R-286-2026, consolidó una “utilización excesiva e improcedente” del examen de admisibilidad para cerrar un caso sin permitir que fuera investigado por la Comisión Instructora Institucional (CII), órgano especializado en procedimientos disciplinarios.
El origen del conflicto se remonta al proceso electoral TEU-91-2023, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), donde se cuestionó la participación del entonces candidato a la subdirección, Jorge Mario Zeledón Pérez, en votaciones que definían requisitos para su propia postulación. Según la denuncia, en dicho proceso también habría estado involucrada su cónyuge, la funcionaria Lissette Marroquín Velásquez, sin que mediara el deber de abstención.
“La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, representada por el funcionario Carlos Eduardo Araya Leandro, habría consolidado una utilización excesiva e improcedente del examen de admisibilidad como mecanismo para evitar la apertura de investigación instructora formal respecto de hechos objetivamente complejos”, señala el documento presentado ante la PEP.
El denunciante argumenta que, aunque la propia Universidad reconoció en sus análisis jurídicos (opiniones OJ-434-2025 y OJ-104-2026) que el caso involucraba temas de probidad, conflicto de intereses y deber de abstención, optó por resolver el asunto en etapa preliminar. Esto, según la gestión, impidió la producción de prueba y el esclarecimiento de la verdad real de los hechos.
La denuncia advierte que este precedente institucional es “peligroso”, ya que permitiría que asuntos complejos de ética pública sean archivados sin un debido proceso, bajo interpretaciones abstractas realizadas por instancias que no tienen la competencia instructora para determinar responsabilidades.
La gestión ante la Procuraduría solicita que se valore si las actuaciones de la Rectoría resultan incompatibles con los principios de imparcialidad, legalidad y tutela efectiva, y que se determine si hubo una sustitución indebida de las funciones que corresponden a la Comisión Instructora Institucional.
Actualmente, existe un expediente abierto en la CII (04-2025-D) relacionado con actuaciones administrativas vinculadas al mismo entorno institucional, lo que, a juicio del denunciante, refuerza la necesidad de una investigación formal y exhaustiva que garantice la transparencia en la función pública universitaria.
