Por Patricio Peralta
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa convocó para este 12 de agosto una manifestación contra la Corte Constitucional luego de que la institución suspendiera provisionalmente algunos artículos de tres leyes promovidas por el mandatario. Organismos internacionales señalan que una democracia no puede sobrevivir sin un poder judicial independiente, mientras que exjueces de la misma Corte Constitucional advierten serias amenazas ante el discurso y acciones del presidente.
“¡La Corte (Constitucional) suspendió artículos clave para la seguridad de todos los ecuatorianos! ¿El resultado? 37 muertes violentas registradas desde el 4 de agosto de 2025”.
La frase se lee en una valla publicitaria en el centro norte de Quito. Por las calles de la capital ecuatoriana también recorre un automóvil con la misma publicidad, que llegó a estacionarse frente a las instalaciones de la Corte Constitucional. La firma un colectivo llamado “Ecuador merece paz”.
La fecha que señala la publicidad, 4 de agosto, fue el día en que los jueces de la Corte decidieron suspender temporalmente 17 artículos de tres leyes urgentes enviadas por el presidente Daniel Noboa referentes a la figura del “conflicto armado interno” que el mandatario ecuatoriano insiste en legitimar e incluso expandir, jurídicamente sin éxito. Esto dentro de su estrategia para combatir las bandas criminales desde que llegó al poder en 2023.
El máximo tribunal de garantías también ha limitado el alcance de los sucesivos estados de excepción decretados por Noboa para combatir al crimen organizado desde que a inicios de 2024 declaró el escenario de “conflicto armado interno”, pues le ha instado a no perpetuar esta medida que en diversas zonas se extiende por más de año y medio.
Ante el ‘freno’ de la Corte, el presidente Daniel Noboa publicó un hilo en su cuenta de X en el que anunció una nueva consulta popular prevista para finales de este año. En una de las preguntas propone que los magistrados constitucionales sean sujetos de juicio político por parte de la Asamblea Nacional, que ahora tiene mayoría oficialista.
Para encender aún más las tensiones, Noboa ahora lidera una convocatoria de manifestación en contra de la Corte Constitucional para el martes 12 de agosto.
Un “tapabocas” para la Corte Constitucional
“Esas propagandas me hacen pensar en lo que pasó en los países fascistas y totalitarios. Lo que pasó en la Alemania nazi”, señala el expresidente de la Corte Constitucional de Ecuador, Hernán Salgado, en declaraciones para France 24.
Salgado agrega que casi no cree cuando le contaron de la existencia de una valla publicitaria que culpaba a la Corte Constitucional de 37 muertes ocurridas desde el 4 de agosto y lamenta que el Gobierno haya tomado una postura confrontativa y no haya optado por el diálogo.
El exjuez de la Corte Constitucional, Agustín Grijalva, también critica las declaraciones de algunos ministros y la narrativa que han implementado al decir que es culpa de la Corte porque, según el relato oficialista, les quitaron herramientas para combatir el crimen organizado.
“Todos estos mensajes muestran que hay una amenaza e incluso una agresión contra la Corte Constitucional”, dice Grijalva en entrevista con France 24.
Sobre la propuesta de que los magistrados constitucionales sean sujetos de juicio político, Hernán Salgado enfatiza que no solo “politiza la Justicia”, sino que es como “poner un tapabocas a los jueces”.
“Es cortar con la independencia de la Corte. Ahora, en el siglo XXI, hacer eso es una barbaridad. El Gobierno del señor Noboa será visto como un gobierno dictatorial”, afirma.
Salgado cree que Noboa, con el poder que tiene siendo presidente, ahora “busca extralimitarse”.
Un criterio que comparte con Grijalva, que resalta que el rol que cumple la Corte, en este momento, es clave como un contrapeso del Ejecutivo y “para toda esta mayoría que ha tenido el Gobierno de Noboa en otras funciones del Estado”.
Con su estrategia, el Gobierno encendió alertas incluso a nivel internacional.
La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, explicó que según el Derecho Internacional y los estándares de Derechos Humanos, “los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias (…) La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia”, publicó en su cuenta de X.
Por su parte, la directora para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juanita Goebertus, también expresó su preocupación y dijo que “la Corte es clave para proteger el Estado de derecho y debe poder actuar con independencia y sin presiones”.
¿Una propuesta al pasado?
La pregunta aún no ha sido presentada ante la Corte Constitucional, que debe emitir su dictamen antes de ser consultada a los ecuatorianos. En caso de aprobarse, dice Grijalva, “la Corte también formaría parte de todo ese engranaje político lleno de intereses partidistas”.
El exjuez menciona algunos ejemplos que ocurrieron antes de la Constitución de 2008, que impide estos procesos en contra de los jueces.
“Entre 1997 y 2007 se destituyó a las Cortes constitucionales por cinco ocasiones, desde el Legislativo”, recuerda Grijalva, al mencionar que esta reforma de Noboa “implicaría un mecanismo de presión, ya sea para direccionar las decisiones de la Corte o reemplazar a jueces que se alineen al Gobierno”.
Lo preocupante, sostiene, es que el país “se quedaría sin control constitucional y sin jueces independientes”.
Además, Ecuador ya fue sancionado en 2011 a nivel internacional por estos casos.
La abogada constitucionalista, Ximena Ron Erráez, dice en declaraciones para France 24 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia ‘Campa Campos (y otros) vs. Ecuador’, sancionó al país precisamente por iniciar un juicio político en contra de jueces del entonces Tribunal Constitucional.
El caso se refiere al “cese arbitrario de 8 vocales del Tribunal Constitucional de Ecuador mediante Resolución del Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2004”.
En la sentencia, la Corte Interamericana determinó que “la destitución de las víctimas fue el resultado de una decisión que atentó contra las garantías judiciales, la independencia judicial, la permanencia en el cargo y la protección judicial”.
Para Ron Erráez, la propuesta de retomar los juicios políticos contra los jueces constitucionales “es una forma de presionar para que den paso a sus tres leyes”. Además, califica de “gravísimos” los ataques contra la Corte, en un escenario donde el único contrapeso institucional al Ejecutivo sea ese organismo.
“De ahí que a la Corte Constitucional se la ha llamado el último bastión de independencia que tiene el país y sí preocupa que a través de la intimidación y también de poner a la ciudadanía en contra de la Corte Constitucional, se busque someter a este órgano y concentrar todos los poderes en una sola figura”, advierte.
La molestia del Gobierno
“Justo ahora, cuando necesitamos más herramientas para proteger a la gente, la Corte Constitucional nos las quita, tumbando las leyes que devolvían poder al Estado y quitaban impunidad a los criminales”, escribió el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, en su cuenta de X.
Días atrás, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo en entrevista con el medio local ‘Ecuavisa’ que la Corte es “enemiga de la ciudadanía”.
Para Valentina Centeno, jefa de la bancada del partido oficialista ADN, la Corte “le dio la espalda a un país que clama seguridad y Justicia”.
El Gobierno ha expresado su rotunda molestia por la suspensión temporal de 17 artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad y Solidaridad Nacional, que entraron en vigencia en junio de este año.
La Corte Constitucional, dentro de sus competencias, admitió a trámite demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de estas tres leyes. Para evitar la vulneración de derechos, mientras analiza cada caso, decidió suspender temporalmente dichos artículos.
Sobre la Ley de Inteligencia, el ente suspendió 12 artículos referentes a la información que deben entregar las personas naturales y empresas al Gobierno, así como la interceptación de comunicaciones telefónicas, sin la necesidad de una orden judicial.
Con respecto a la Ley de Solidaridad, suspende principalmente los artículos en los que define el Gobierno el “conflicto armado interno”, así como el indulto anticipado para agentes de seguridad.
“Todas estas leyes contienen elementos que, en alguna medida, restringen los derechos de los ciudadanos en el país. Pero la Corte no ha resuelto esto todavía, sino que ha suspendido mediante medidas cautelares el efecto de algunos de estos artículos, pero la reacción del Gobierno ha sido muy negativa”, señala Agustín Grijalva.
Para el exmagistrado, el enojo del Gobierno es porque “hay un desacuerdo de fondo respecto a cómo afrontar jurídicamente el problema de la delincuencia organizada”.
Por un lado, el Gobierno de Noboa sostiene que hay un “conflicto armado interno” con el que ha intentado justificar las declaratorias de estado de excepción, “intentando crear una serie de excepción o de régimen jurídico paralelo propio de una guerra interna”.
Mientras que la Corte, “reconociendo la gravedad de la situación”, cree que es necesario generar las reformas legislativas, las políticas públicas, incluso si fueran necesarias las reformas constitucionales para afrontar este problema.
El exjuez lamenta que Noboa haya optado por posicionar que, “si no se adopta este enfoque del Gobierno, se está favoreciendo o incluso actuando de forma cómplice con el crimen organizado”.
Sin embargo, recuerda que la Corte autorizó varios estados de excepción y ha dado paso a algunas de estas reformas para su combate a la inseguridad. El más reciente, el dictamen favorable para un referendo propuesto por Noboa para el retorno de las bases militares extranjeras al país.
Antes de la suspensión de los artículos por parte de la Corte, Ecuador registró 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, pese a los sucesivos estados de excepción decretados por el presidente Noboa. Así lo reveló el último informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en el que explica que esta cifra supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024.
*Nota: El Ministerio de Gobierno de Ecuador y la jefa de bancada de ADN no respondieron a la solicitud de entrevista por parte de este medio para conocer sus posturas.
