Por Romain Brunet
El estado de emergencia se instauró en Francia tras los atentados del 13 de noviembre de 2015, reforzando los poderes de las autoridades civiles para luchar contra el terrorismo, pero también restringiendo las libertades individuales. Aunque el estado de emergencia finalizó en otoño de 2017, algunas medidas se han incorporado al derecho común y otras leyes han ampliado los medios de vigilancia de los ciudadanos, lo que denunciaron los defensores de los derechos fundamentales.
Bastaron unas horas, en la noche del 13 al 14 de noviembre de 2015, para instaurar el estado de emergencia en Francia. Hasta entonces, solo se había declarado en el país durante la guerra de Argelia en los años cincuenta y sesenta, y luego en 2005, durante los disturbios urbanos. La magnitud de los atentados de París y Saint-Denis llevó al entonces presidente de la República, François Hollande, a sumir al país en un régimen jurídico de excepción. Fue el comienzo de un retroceso de las libertades individuales que continúa hoy en día.
En concreto, el estado de emergencia instaurado en 2015 permite reforzar los poderes de las autoridades civiles y restringir ciertas libertades públicas o individuales. Se puede dictar arresto domiciliario para “toda persona respecto a la cual existan razones sustentadas para considerar que su comportamiento constituye una amenaza para la seguridad y el orden público”.
Las asociaciones que participen, faciliten o inciten a actos que atenten gravemente contra el orden público podrán ser disueltas por el Consejo de ministros. Las autoridades administrativas podrán ordenar la entrega de las armas y municiones que posean o hayan adquirido legalmente sus propietarios. Los sitios web que promocionan al terrorismo o inciten a cometer actos terroristas podrán ser bloqueados por decisión del ministro del Interior.
El ministro de Interior y los prefectos pueden ordenar registros en cualquier lugar —excepto en los destinados al ejercicio de un mandato parlamentario o a la actividad profesional de abogados, magistrados o periodistas— cuando existan motivos fundados para creer que dicho lugar es frecuentado por una persona cuyo comportamiento constituye una amenaza para la seguridad y el orden públicos.
El estado de emergencia se utilizó indebidamente para impedir las protestas
Si bien estas medidas permitieron a las autoridades obtener resultados en la persecución de los terroristas del 13 de noviembre durante las primeras semanas, rápidamente se utilizaron con otros fines.
“En nombre del terrorismo, que lo justifica todo, se otorgaron amplios poderes al poder ejecutivo. Se llevaron a cabo numerosas redadas administrativas que no estaban necesariamente relacionadas con el terrorismo, sino que servían a la policía para otros casos, con fines judiciales, sin control previo de un juez”, destaca Nathalie Tehio, presidenta de la Liga de Derechos Humanos (LDH).
El estado de emergencia también se utiliza para impedir manifestaciones o prevenir posibles acciones militantes. Mientras Francia se preparaba para organizar la COP21 en París, en diciembre de 2015, varias decenas de activistas ecologistas se enteraron a finales de noviembre de que estarían bajo arresto domiciliario durante toda la conferencia sobre el clima.
El estado de emergencia se prorrogó en varias ocasiones: tres meses a finales de noviembre de 2015, otros tres meses a finales de febrero de 2016, dos meses más a finales de mayo del mismo año y, finalmente, dos veces por seis meses tras el atentado de Niza el 14 de julio de 2016. Posteriormente, se mantuvo durante tres meses y medio más, hasta que fue levantado el 1 de noviembre de 2017.
Ampliación del perímetro durante París 2024
“El problema es que cuanto más tardemos en salir del estado de emergencia, más difícil será decir que se acaba. Y mientras tanto, se acostumbra a la población a que se puedan tomar medidas excepcionales y se transforma algo que debía ser excepcional en una herramienta de gestión pública. Eso es lo que ocurrió en otoño de 2017 con la ley Silt, que incorporó las medidas del estado de emergencia al derecho común”, lamenta Nathalie Tehio.
La ley de Seguridad Interior y Lucha contra el Terrorismo (Silt) del 30 de octubre de 2017 incorpora al derecho común disposiciones que hasta entonces estaban reservadas al estado de emergencia. Los arrestos domiciliarios han pasado a denominarse “medidas individuales de control administrativo y vigilancia” y los registros administrativos, “visitas domiciliarias”. Los prefectos también pueden ahora establecer perímetros de protección alrededor de lugares que podrían ser objetivos privilegiados de actos terroristas, con el fin de filtrar los accesos.
El investigador Nicolas Klausser, del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el Derecho y las Instituciones Penales (Cesdip), ha estudiado las asignaciones de residencia impuestas durante el estado de emergencia de 2015-2017. Su conclusión es que “las salvaguardias que se supone que existen sobre el papel son muy relativas en la práctica”.
“Se observa que el 90% de las medidas individuales de control administrativo y vigilancia son validadas por el juez administrativo, que casi nunca cuestiona las notas de los servicios de inteligencia que le remite el Ministerio del Interior. Y mientras que antes de 2015 las únicas medidas administrativas a las que podían estar sujetos los ciudadanos franceses eran la congelación de activos y la prohibición de salir del territorio, ahora el Ministerio del Interior dispone de un abanico de medidas que se ha ampliado considerablemente”, subraya Nicolas Klausser.
Ahora es suficiente tener cualquier vínculo con personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo para estar bajo la amenaza de una asignación de residencia o de una visita domiciliaria. “Esta categoría de personas ha sido objeto de una atención especial en el periodo previo y durante los Juegos Olímpicos de París 2024, que han servido para ampliar el ámbito de aplicación de las medidas administrativas y los perfiles objetivo”, afirma el investigador, que cita el informe parlamentario sobre el balance de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en materia de seguridad, que hacía referencia a “626 registros domiciliarios” y “547 medidas individuales de control administrativo y vigilancia notificadas para su aplicación durante el periodo olímpico”, es decir, “un nivel cuatro o cinco veces superior a la media anual observada desde 2017”.
Estas medidas tienen consecuencias negativas concretas para las personas implicadas, que se ven impedidas de ir a trabajar y corren el riesgo de perder su empleo y sus ingresos.
“Dicen que es experimental, pero luego se convierte en una costumbre”.
Desde 2017, otras leyes han reforzado el arsenal jurídico y los medios de los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden para luchar contra el terrorismo, por no hablar del estado de emergencia sanitaria declarado en 2020 con motivo de la pandemia de COVID-19. Todas ellas han supuesto un retroceso en las libertades individuales.
Es el caso, en particular, de la ley que refuerza el respeto de los principios de la República, de 24 de agosto de 2021, que obliga a las asociaciones que reciben subvenciones públicas a firmar un “contrato de compromiso republicano”, la ley relativa a la responsabilidad penal y la seguridad interior del 24 de enero de 2022, que autoriza el uso de drones de vigilancia, o la ley relativa a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, del 19 de mayo de 2023, que ha permitido, con carácter experimental hasta el 31 de marzo de 2025, el uso de la videovigilancia algorítmica.
“Primero dicen que es experimental y luego se convierte en una costumbre. Es una mecánica infernal de represión que nunca es suficiente. Queremos drones, inteligencia artificial, reconocimiento facial… Durante mucho tiempo se señaló a China diciendo que era una dictadura, pero ahora nos encontramos haciendo lo mismo”, lamenta la presidenta de la LDH.
El ejecutivo insiste en la necesidad de estas medidas para luchar eficazmente contra el terrorismo, cuya amenaza sigue siendo elevada según los servicios de inteligencia. El director de la sección antiterrorista de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) reveló en febrero de 2025 que desde 2015 se habían frustrado 79 proyectos de atentados en Francia.
“Es la retórica habitual del Ministerio del Interior. Inicialmente, estas medidas se concibieron para ‘despejar dudas’, pero la práctica demuestra que los perfiles suelen estar muy lejos de la imagen de una acción inminente. La existencia de estas medidas administrativas borra las fronteras clásicas entre el derecho administrativo y el penal. Para neutralizar a sus enemigos internos, el Estado se inspira en los mismos mecanismos que se utilizan en las colonias o en el derecho de extranjería”, señala Nicolas Klausser, quien destaca el peligro futuro de un gobierno de extrema derecha que podría verse tentado a ampliar aún más el ámbito de las personas afectadas.
Porque, más allá de las medidas administrativas dirigidas a personas, en Francia se ha ido instaurando poco a poco un continuo de seguridad. Los perímetros de protección son utilizados, en particular, por los prefectos para alejar a los manifestantes, como ocurrió durante los episodios de “caceroladas” en los desplazamientos del presidente Emmanuel Macron, durante las manifestaciones contra la reforma de las pensiones en la primavera de 2023.
“El riesgo es acostumbrarse a la pérdida de libertades, a la vigilancia y a un Estado cada vez más autoritario. Se trata de una deriva que está en marcha y que conduce a la destrucción de todos los contrapoderes. Muchas personas renuncian ahora a salir a manifestarse y lo mismo ocurre con las asociaciones. Estamos desvitalizando nuestra democracia”, alerta Nathalie Tehio.
Este artículo fue traducido del texto original en francés.
