El mandatario firmó un decreto que llama a un plebiscito sobre su proyecto de reformas a la Ley del Trabajo que el Senado rechazó en una votación que el Gobierno ha tildado de fraudulenta. El sábado, Petro exigió a sus ministros firmar el decreto o abandonar sus cargos. La oposición acusa al presidente de prevaricación y extralimitación de sus poderes.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles un decreto que convoca a un referéndum o consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, una de las apuestas bandera de su Gobierno, el primero de izquierda en la historia del país. Con el decreto, el presidente desafía a la oposición en el Senado, que hundió su reforma en marzo y que hace tres semanas rechazó convocar una consulta popular.
En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario ha dicho que el decreto sería enviado a la Corte Constitucional. Petro llegará este miércoles a Cali para participar en una manifestación convocada por sindicatos que respaldan la consulta popular sobre la reforma.
La consulta a los ciudadanos sobre la reforma laboral del Gobierno fue rechazada el 14 de mayo en una votación en el Senado que culminó con 49 votos en contra y 47 a favor y que el Gobierno ha tildado de fraudulenta. La propuesta prevé la ampliación del horario nocturno, aumento del pago a los trabajadores por jornadas los domingos y festivos, y la promoción de los contratos a término indefinido.
En respuesta, el presidente reiteró que los ciudadanos deben decidir y anunció que convocaría al referéndum por vía de decreto, una decisión que ha dado inicio a una batalla política y jurídica: Petro pretende convocar el plebiscito por vía de decreto ante el bloqueo en el Senado, que además le acusa de prevaricación, al extralimitarse en sus competencias y socavar la separación de poderes.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que la decisión de Petro de convocar la consulta popular por decreto es un atentado contra la separación de poderes porque esa Cámara negó el mes pasado la iniciativa. La Corte Constitucional declinó también pronunciarse sobre la convocatoria, alegando que no está entre sus competencias.
La marcha del miércoles ocurre en medio de un clima de máxima tensión y violencia. La ciudad de Cali —la tercera más grande del país— despertó asolada, con comercios cerrados y bajo una Ley seca, decretada por el alcalde después de una ola de ataques terroristas con explosivos y armas de fuego cometidos el martes en varias localidades del sur del país y que causaron siete muertos y una docena de heridos.
Los atentados, que han sacudido al país, llegan apenas días después del intento de asesinato del aspirante presidencial conservador, Miguel Uribe Turbay, por un sicario adolescente que le disparó en un mitín político en Bogotá, la capital del país. El presidente se refirió al atentado y lo vinculó con la negativa del Senado a su reforma: “El actual clima de tensión nace cuando ocho senadores decidieron hundir la reforma laboral”, expresó.
Tras el atentado a Uribe Turbay, Petro había sugerido congelar o aplazar la convocatoria de su plebiscito si se buscaba concertación con los grupos de oposición en el Congreso para resucitar el trámite de su reforma laboral, pero ahora ha ido adelante con la consulta, que desde ya abrirá otro frente de lucha contra la oposición y las instituciones del país.
Al menos 24 organizaciones sociales pidieron el martes al presidente abstenerse de convocar por decreto la consulta popular. “Convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes”, decía el documento divulgado por el Centro de Estudios Dejusticia, una de las ONG firmantes.
“Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el presidente… La mejor manera de garantizar los derechos de los y las trabajadoras y la participación ciudadana es agotar las vías institucionales disponibles, incluso en escenarios de desacuerdo y tensiones entre las ramas del Poder Público”, concluía el texto firmado también por Temblores ONG, Laboratorio de Justicia y Política Criminal, Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP.
La oposición ha respondido también con amenazas. “La cosa es simple: ministro que firme el inconstitucional decreto de Gustavo Petro para convocar la consulta popular pasando por encima de la decisión del Senado será denunciado por prevaricato”, dijo el domingo la legisladora Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical.
Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales.
