Bogotá, 20 sep (VOA) – El presidente colombiano Gustavo Petro insistió el jueves sobre un supuesto plan para sacarlo del poder o atentar contra su vida, sin dar pruebas, ante cientos de sus partidarios que atendieron el llamado del gobierno y los sindicatos para defender su gestión.
“Quieren matar y tumbar al presidente… aquí comienza el primer día de una movilización general de la sociedad colombiana”, advirtió Petro, mientras los partidarios coreaban “¡No pasarán!”, en referencia a los detractores del gobierno.
El presidente recordó que el pasado 20 de julio, día en que participó en un acto público, habría estado en riesgo de sufrir un posible atentado, tal como lo había denunciado su ministro de Defensa, Iván Velásquez. También insistió en otro supuesto plan para matarlo con una volqueta cargada con dinamita.
“Aquí lo que quieren es borrar la posibilidad de que un gobierno progresista pueda existir en Colombia y ganar elecciones y gobernar”, dijo Petro desde una tarima dispuesta por su administración.
Los manifestantes también hicieron eco de la denuncia del propio presidente de un supuesto “golpe de Estado a la colombiana”, con el que sus detractores pretenderían sacarlo de su cargo usando las instituciones estatales que adelantan investigaciones contra la campaña electoral con la que llegó al poder.
“Venimos a rechazar el golpe de Estado que le quieren dar al presidente, aquí en Colombia la derecha corrupta ha venido haciendo lo que quiere”, dijo a The Associated Press Freddy Martínez, un trabajador de la construcción de 42 años.
Sucede cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) está evaluando si abrir o no una investigación formal de carácter administrativo a la campaña electoral con la que Petro llegó a la presidencia en 2022 por presuntamente exceder los montos de financiación permitidos en la ley. El CNE impone sanciones económicas.
Petro asegura que no violó la ley y que el CNE no tiene competencia para investigarlo debido a su fuero presidencial, por el que sólo puede ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, donde podría ser sancionado con la pérdida del cargo luego de un juicio político.
En la Plaza de Bolívar los simpatizantes del gobierno se congregaron frente a una tarima instalada por el gobierno en la que hablaron varios de sus funcionarios y líderes sindicales y sociales que pidieron al gobierno apoyo a sus comunidades.
“Pedimos por la paz, que se silencien las armas, que florezca el campo, que haya apoyo para el campo”, clamó Arnidia Runza Pinilla, líder campesina de la región de Sumapaz, que se encuentra en una posición estratégica que los grupos armados han querido dominar por ser la puerta de entrada a Bogotá.
La política de paz es una de las principales apuestas del gobierno de Petro, que adelanta negociaciones paralelas con grupos armados y bandas urbanas. Sin embargo, el diálogo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional fue suspendido por el gobierno el día anterior a la manifestación, luego de que el gobierno le atribuyera a este grupo el ataque con explosivos a una unidad militar, causando la muerte de tres soldados e hiriendo a más de 26.
La negociación con el ELN era la más avanzada dentro de la apuesta por buscar diálogos para disminuir la violencia que no se frenó luego del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras su desmovilización, otros grupos armados ocuparon los territorios que dejó las FARC y se siguen disputando el control de las economías ilícitas.
Los simpatizantes de Petro también buscaban defender las reformas sociales del gobierno desde las calles, una práctica usual durante el mandato del izquierdista. También reclaman al Congreso la aprobación de la reforma laboral y de la salud, ésta última rechazada en el semestre pasado por los legisladores.
“Necesitamos reformas en este país, no podemos seguir soportando que la gente más empobrecida se siga muriendo de hambre, siga sin medicinas”, dijo a la AP Liliana Gutiérrez, una ama de casa que participó en la concentración a favor del gobierno.
La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, defendió la reforma de las pensiones, la principal victoria legislativa del gobierno, que fue aprobada en junio por el Congreso y sancionada por el presidente como ley un mes después.
“Hará que tres millones de nuestros adultos mayores salgan de la pobreza extrema, eso es inclusión social… pero nos la quieren arrebatar, eso es lo que no estamos dispuestos a ceder”, reclamó Ramírez, ante un público nutrido de adultos mayores y funcionarios del estatal fondo de pensiones.
Para la ministra, la reforma corre peligro de quedar sin efecto ahora que la Corte Constitucional estudia una demanda por supuestos vicios en el trámite que se dio en el Congreso. En la demanda interpuesta por la senadora opositora Paloma Valencia se indica que la Cámara de Representantes aprobó la reforma sin haber debatido debidamente el texto que antes había aprobado el Senado.
