Ginebra, 14 ene (elmundo.cr) – Ante las manifestaciones que se han anunciado en varias ciudades de Guatemala para este lunes y martes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhorta al Gobierno a garantizar la libertad de expresión y opinión, y el derecho a la reunión pacífica y de asociación.
“La libertad de expresión, sin temor a represalias e intimidación, es la columna vertebral de la democracia”, subraya Michelle Bachelet en un comunicado emitido en Ginebra, en el que añade que “una cultura de derechos humanos y de paz se fortalece cuando diversos grupos sociales pueden expresarse en el espacio público y ejercer sus derechos libremente”.
Las movilizaciones han sido convocadas por diversos sectores de la sociedad civil en protesta, entre otros asuntos, por la decisión del Gobierno que preside Jimmy Morales de terminar unilateralmente el convenio con la ONU sobre el establecimiento y labor de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG).
La Alta Comisionada muestra también su gran preocupación por la aparente erosión a la que han sido sometidas diversas instituciones del Estado, particularmente los recientes ataques a la independencia de la Corte Constitucional.
Respetar las instituciones democráticas
“Quisiera también resaltar que es esencial garantizar el Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad judicial y el respeto a las instituciones democráticas, especialmente las de la Corte de Constitucionalidad, el estamento judicial, la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral”, agrega la Alta Comisionada.
Bachelet destacó que estas instituciones y sus funcionarios cumplen un rol crucial para el respeto y garantía de los derechos humanos, el imperio de la ley y la democracia.
La responsable de velar por el respeto de los derechos humanos en el mundo puntualiza que “el adecuado ejercicio de sus funciones es fundamental en el contexto actual y en las elecciones generales que tendrán lugar en los próximos meses”.
Y recuerda que la seguridad de los funcionarios que desempeñan estas funciones y el respeto a su integridad física, así como la de sus familias, “deben ser garantizados por el Estado de Guatemala en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
En este sentido, la Alta Comisionada y su Oficina en el país reiteran su disposición para continuar apoyando a las autoridades estatales a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
