San José, 11 ene (elmundo.cr) – La empresa Société Industrielle et Commerciale de Produits Agricoles (SICPA), ligada al candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, actualmente es sospechosa de actos de corrupción en más de 14 países.
A lo largo de su historia SICPA ha sido contratada por gobiernos, bancos centrales, impresores de alta seguridad y la industria para brindar soluciones a problemas de seguridad extensos. Implementados en varios países, el objetivo de estos sistemas de monitoreo de la producción es asegurar productos y apoyar la legislación gubernamental para combatir la falsificación, el comercio ilícito y la evasión de impuestos.
En 2019, legisladores del PLN y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) intentaron impulsar la aprobación de un proyecto de ley que obligaría al Ministerio de Hacienda a contratar un sistema de registro de licores como el que vendió esta empresa a Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana.
Para ese año, se dieron varias publicaciones en el diario La Nación en las que aparentemente SICPA, empresa vinculada a Figueres, impulsaba la promulgación de algunas leyes contra la adulteración y el contrabando de bebidas, esto dado a los servicios que pretendían vender al gobierno.
Durante las discusiones en la sesión plenaria, los legisladores vincularon a SICPA con gestiones de aparente corrupción y/o soborno, además de que salieron a luz algunas reuniones del diputado liberacionista Daniel Ulate con uno de los lobistas mano derecha de Figueres.
Sobre el proyecto para instalar el sistema en Costa Rica, los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos presentaron una moción de texto sustitutivo para agregar un párrafo que diga: “Deberán excluirse los proveedores de sistemas que posean antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional, o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con la industria de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés”.
Por tanto, este plan fue detenido en el Congreso por las dudas que surgieron en los principales partidos políticos.
Según el diario brasileño O Globo, citado en ese mismo artículo, en 2018 la empresa suiza obtuvo un contrato por $ 740 millones a través de un proceso de licitación que, como luego se demostró en el juicio penal, desde su origen se contaminó para satisfacer los intereses de la empresa suiza SICPA.
Este acuerdo para instalar un sistema de rastreo de bebidas alcohólicas fue firmado en 2008 entre la firma SICPA Security Solutions y su subsidiaria brasileña SICPA Brasil Industria de Tintas e Sistemas, y una entidad del gobierno brasileño, la Casa de la Moneda de Brasil, por un periodo de cinco años. Sin embargo, años después se inició una causa penal en la que se acusó a la empresa de haber pagado aproximadamente $15 millones en sobornos a funcionarios públicos por la tramitación y adjudicación de los contratos.
En 2019, Figueres aseguró que la firma SICPA, de la que es presidente para América Latina, no participó en el pago de los $15 millones a un funcionario de la Casa de la Moneda Brasileña; sino que fue cometido por un consultor de la empresa suiza Charles Finkel, quien según los informes fue despedido después del incidente. A pesar de los intentos de la SICPA de distanciarse de estos hechos condenados la empresa acordó posteriormente pagar 135 millones de francos suizos para resolver el asunto con las autoridades brasileñas.
En junio de 2019, medios internacionales informaron que luego de 3 años de investigación la Fiscalía General de Suiza (OAG) anunció que está investigando oficialmente a la empresa SICPA por sospecha de corrupción relacionada con la obtención de contratos en 14 países: Brasil, Colombia, Egipto, Ghana. , India, Kazajstán, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Senegal, Togo, Vietnam, Venezuela y Ucrania.
En junio de 2021, el medio internacional Noticias AI publicó un artículo en el que menciona que el multimillonario Philippe Amon (CEO de SICPA) fue incluido en una investigación sobre la empresa, abierta por primera vez por la Fiscalía General de Suiza (OAG) en 2015. En ese artículo mencionó que Amon, quien heredó la empresa y ahora es el 135º hombre más rico de Suiza, es sospechoso de sobornar a funcionarios extranjeros. Adicionalmente, este artículo se refiere al mencionado pago de 135 millones de francos suizos pagados por SICPA, S.A. para saldar la condena y encarcelamiento de su representante quien presuntamente le pagó al funcionario público en Brasil a cambio de la lucrativa adjudicación de contratos públicos.
Además, el artículo menciona que uno de los dos nietos multimillonarios de Amon, heredero de SICPA, ahora está vinculado a otro caso de corrupción que involucra a la empresa familiar. Según la Fiscalía, esta investigación adicional se refiere al supuesto pago de sobornos en varios países, entre ellos Brasil y Colombia. Se desconoce el estado actual de esta investigación.
