San José, 19 set (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) señaló que la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), es “excesiva en impuestos y carente de reforma estructural a largo plazo”.
Maurizio Musmanni, presidente de Cacia, indicó que «la propuesta planteada genera importantes preocupaciones, principalmente por una muy alta carga de nuevos impuestos y tasas tributarias y una propuesta de reducción de gasto público que podría ser más ambiciosa».
«En medio de una profunda recesión económica como la actual y con una tasa de desempleo que afecta a una cuarta parte de la población económicamente activa, la vía de los impuestos destruye más valor del que genera y reduce aún más la posibilidad de reconstrucción de los puestos de trabajo eliminados a raíz de las medidas sanitarias tomadas en los últimos seis meses», agregó.
Asimismo, manifestó que «las menciones de medidas temporales en materia de movilidad laboral voluntaria, la eliminación de cierto tipo de exoneraciones al impuesto de renta, la congelación de salarios mientras la deuda pública supere el 60% del PIB u otras iniciativas en tránsito en la Asamblea Legislativa para unificar salario, eliminar pluses a futuros funcionarios o suspensión de anualidades de manera temporal, son medidas necesarias pero aún tímidas que no se visualizan aún como soluciones reales a través de una verdadera reforma estructural del Estado».
Musmanni aseguró que «la única vía realmente responsable y efectiva es la de un replanteamiento del tamaño, objetivos, indicadores de desempeño y rendición de cuentas del Estado costarricense».
«No podemos aceptar la tesis de que se le dará estabilidad a la economía a través de más impuestos o con mayor endeudamiento, pues serán fondos destinados a financiar el mismo Estado que el sector político se resiste a hacer más eficiente y en pocos meses estaremos exactamente en el mismo debate», añadió.
Cacia plantea la necesidad urgente de una agenda política centrada en temas de reactivación, el empleo y progreso social, las propuestas de ellos son:
- Eliminación de distorsiones, inequidades, disparadores del gasto, abusos y excesos, actuales y futuros en materia de remuneraciones en el sector público.
- Medidas permanentes y no transitorias, de reducción de las cargas sociales que incentivan la informalidad.
- Sometimiento de todas las instituciones del Estado a la rigurosidad de la regla fiscal, de manera consistente y sin ninguna excepción.
- Presupuestos y transferencias de Hacienda hacia poderes de la República e instituciones descentralizadas deben iniciar proceso de reducción, evaluación de retorno financiero y social, sistema de rendición de cuentas y definición de responsabilidades. Urge aplicación de estos criterios en Poder Judicial y sector educación.
- Eliminación del pago mensual de pensiones, cuyo monto no es acorde a la cotización real y efectiva que el trabajador aportó durante su vida laboral, con excepción de las pensiones de subsistencia para las personas en condición de pobreza extrema.
- Unión, fusión, reducción y replanteamiento de procesos administrativos duplicados entre instituciones pertenecientes a las mismas áreas rectoras.
- Evaluación de la rentabilidad social de todas las instituciones para replantear aquellas cuyo retorno social es ya negativo o muy bajo.
- Simplificación profunda y generalizada de trámites y requisitos creadores de burocracia innecesaria que utiliza recursos del Estado y de los pagadores de impuestos, sin generar valor y retrasan la creación de riqueza.
- Venta y apertura a competencia de empresas estatales como CORREOS, BICSA, BCR, RECOPE, INS, FANAL e ICE, acompañado con una política muy fuerte de apertura del mercado, eliminación de barreras de ingreso, promoción de inversión y competencia y una rígida política de control de prácticas monopolísticas.
- Cierre, revisión o reingeniería de empresas públicas con utilidades netas negativas: SINART, CNP, JAPDEVA, INCOFER, por ejemplo.
Cacia concluye haciendo un llamado a los diputados para que «orienten sus planteamientos a la deuda que dejó la reforma fiscal de 2018, en la que las diversas fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo se comprometieron con los elementos propios de reducción del gasto público, y que a la fecha, no ha sucedido».
