San José, 26 dic (elmundo.cr)- El ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y el viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca, sustentaron la intervención del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) en una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) del 2010, a pesar de que en 2015, el ente contralor se dio por satisfecho respecto de las dudas.
El 28 de febrero de este año, el Consejo de Gobierno acordó intervenir el Infocoop, argumentando un grave riesgo para las finanzas de la institución señalado por la CGR en su informe Informe N° DFOE-ED-IF-5-2010.
Sin embargo, los funcionarios omitieron señalar la posición de la Contraloría vertida en el informe emitido cinco años después, el N° DFOE-SD-1054, del 04 de abril de 2015, en el cual se daba por satisfecha de los ajustes realizados por la institución.
El 19 de diciembre Luis Felipe Arauz dijo que tenía conocimiento de la nota donde Contraloría notificó a Infocoop que se daba por satisfecha con el cumplimiento de los lineamentos establecidos.
“Esta Área de Seguimiento de Disposiciones determinó que esa administración cumplió razonablemente las disposiciones giradas en el Informe DFOE-ED-IF-05-2010”, dice el documento enviado a la secretaria de la Junta Directiva del momento, María Inés Sequeira. El documento se presentó a la directiva del Instituto el 28 de mayo de 2015, según la agenda de la sesión #4025.
Es decir, el ministro Arauz aceptó que la intervención se dio basada en un informe con siete años de añejamiento y dos años de superado, en el cual se despejaban los temores por supuestas anomalías en el sistema que analiza los riesgos de inversión y debilidades en las tasas de interés.
Ante la consulta a Arauz del porqué se argumentó con una investigación de 2010 cerrada en 2015, respondió que “curiosamente en el 2016, a finales, la Contraloría hace otro informe y manda a señalar las mismas cosas (…). Yo no podría decir la respuesta que se dio en aquel momento, en el 2010, pero sí yo le puedo decir que, digamos… además, de que se estuviera maquillando informes a la Contraloría, que eso es una posibilidad, ¿verdad? Pero no se lo puedo decir categóricamente”.
Arauz no solo no pudo sustentar “categóricamente” el por qué basó la intervención en un informe caduco, sino que desconocía los extremos del documento del 2015, en que la Contraloría se daba por satisfecha.
Aun así, y a pesar que en abril del 2015 Contraloría cerró el caso, Arauz y Cuenca utilizaron el informe para convencer al Consejo de Gobierno en recomendarle al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmar el decreto para la intervención, que a la postre, le ha traído enfrentamientos con varios sectores cooperativos.
De hecho, en el seno del Consejo Nacional de Cooperativas, (Conacoop), las voces de molestia se empiezan a alzar, ante la salida a la luz de los informes en que la Contraloría descartaba irregularidades en el Infocoop.
El ministro consideró que le parecía que había maquillaje de informes, sin embargo, dicha situación se le habría pasado por alto a la Contraloría.
“Así como la Comisión de Créditos (del Infocoop), en algunos casos, me parece que maquillaba informes, que la auditoría interna no pasaba informes que tenía que pasar a la Junta Directiva. O sea ahí había una cosa extraña”, sentenció Arauz.
Una intervención con una auditoría sin terminar
Los jerarcas también basaron la intervención en el informe N° DFOE-PG-IF-14-2016, del 22 de diciembre de 2016; que tenía como objetivo “corroborar que el Infocoop estaba recuperando el dinero prestado a sus socios y que los créditos estaban dándose dentro de los márgenes que establece la ley”.
Producto de este informe la Contraloría señaló que se debía establecer un manual de procedimiento crediticio para salvaguardar las finanzas de la entidad.
Para acatar dichas peticiones, la Contraloría dio tiempo hasta el 31 de marzo del 2017, sin embargo, el Ejecutivo no esperó y decretó la intervención el 28 de febrero.
El ministro Arauz dijo a este medio que solicitaron una auditoría forense sobre las finanzas del Infocoop, misma que fue rechazada por los cuatro miembros cooperativistas de la entidad, y que esa fue la gota que derramó el vaso y que por ello pidió la intervención.
Esta acción se dio ignorando el plazo que tenía el Infocoop para contestar a la Contraloría. Así las cosas, el Gobierno le arrebató al sector cooperativo el control de la entidad, y estableció la junta interventora.
Luis Felipe Arauz reconoció que cuando los cuatro representantes del sector cooperativo de la Junta Directiva del Infocoop rechazaron la auditoría forense a la entidad, él mismo llamó a Luis Guillermo Solís.
También dice que no aprobar la auditoría forense por votación de la Directiva fue lo que propulsó al Gobierno a tomar la decisión de intervenir el Infocoop.
“Nosotros dijimos que lo correcto ahí, la herramienta adecuada, es la (auditoría) forense. Y los miembros de la Junta Directiva, en ese momento, sobre todo los representantes del cooperativismo, se negaron rotundamente en la auditoría forense. Para mí eso fue como la gota que derramó el vaso y fue cuando yo llamé al señor Presidente y le dije: señor Presidente, yo creo que tenemos que intervenir esa institución. Usted tiene una junta directiva muy subgénere y se mueven unos intereses políticos muy extraños, diríamos de política cooperativa, donde hay una política cooperativa con bandos, donde esos bandos terminan en los altos mandos y medios del Infocoop”, explicó Arauz.
El 28 de febrero, Luis Guillermo Solís firmó el decreto ejecutivo N° 40214-MP-MTSS, junto con los ministros de la Presidencia y Trabajo, Sergio Alfaro y Alfredo Hasbum, respectivamente.
Solís aceptó los cinco argumentos de Arauz y Cuenca y el visto bueno del resto del Consejo de Gobierno para intervenir el Infocoop. El decreto estableció suspender a los representantes del sector cooperativo con goce de dietas y 11 puntos para “fortalecer el instituto”.
El decreto abarcó, en un inicio, nueve meses, pero en noviembre anterior se aprobó la ampliación de la Junta Interventora por siete meses.
Aparte de los dos informes, el Ejecutivo basó su posición interventora en las denuncias de 27 funcionarios del Infocoop, el archivo de la causa por parte de la auditoría interna y un informe de aparentes irregularidades presentado por Cuenca y Arauz.
