San José, 8 ene (elmundo.cr)- Rodolfo Hernández, candidato presidencial del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), aseguró no ver a oficiales de tránsito en las calles del país haciendo cumplir la ley.
“No veo a ningun oficial de tránsito poniendo orden”, adujo Hernández en el debate del TSE de este lunes, cuando se le pidió mencionar las propuestas para solucionar los caos viales que sufren los costarricenses.
Hernández, médico de profesión actualmente jubilado, dio tres soluciones a corto plazo para subsanar uno de los problemas que varias administraciones no pudieron solucionar y que todos los candidatos valoraron para los planes de gobierno.
El médico explicó que empezaría con un reordenamiento de semáforos, la creación de parqueos donde el servicio de tren y las empresas autobuseras tengan andenes para que más costarricenses utilicen el transporte público y un “cumplimiento de la ley”.
El socialcristiano da las declaraciones tan solo casi siete meses después que la Asamblea Legislativa aprobó la Reforma parcial a la Ley de Tránsito que habilitó 12 sanciones para quienes infrinjan la ley. Entre ellas la de permitir a los oficiales levantar las placas de vehículos mal estacionados sin necesidad de la presencia del conductor.
En efecto, el 11 de junio, los diputados aprobaron el expediente 19 336 que habilitó la reforma. La modificación puso, en menos de un mes, a 3 200 propietarios de vehículos a sufrir con largas filas en el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) para retirar las placas que les fueron decomisadas por mal estacionamiento.
Las medidas fueron aprobadas en un momento en que los costarricenses sufren con una estructura vial obsoleta y que obliga a los choferes a someterse a extensos periodos en las presas.
Incluso, la reforma hizo que las autoridades tengan cero tolerancia con los infractores. Un caso que se dio hace menos de un mes, fue cuando oficiales de la Policía Municipal de San José bajaron las placas a un carro encubierto del Organismo de Investigación Judicial mientras los agentes hacían un allanamiento en el Ministerio de Hacienda por el caso del cemento chino.
