San José, 28 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes expresó su satisfacción por la decisión de la presidenta de la República, Laura Fernández, de archivar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al considerar que representa un alivio para los sectores productivos que podrían haberse visto afectados por el tratado.
La institución recordó que el pasado 23 de octubre anunció la apertura de una investigación para determinar los posibles efectos de la adhesión de Costa Rica al acuerdo sobre las personas productoras agrícolas y ganaderas, el empleo rural y las comunidades que dependen de estas actividades.
La Defensoría señaló que era necesario conocer ampliamente los estudios y las condiciones negociadas por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), con el fin de valorar si las decisiones estaban respaldadas por un análisis suficiente de sus consecuencias productivas y sociales.
“El anuncio de archivar este tratado es un respiro muy importante para los sectores que podrían haber enfrentado los mayores impactos del acuerdo pero, sobre todo, una señal clara de que en estas negociaciones debe garantizarse la participación de los sectores involucrados”, afirmó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Preocupación por las comunidades rurales
Entre las principales preocupaciones de la institución figuraban los posibles efectos del acuerdo en las comunidades rurales, que enfrentan limitaciones en las oportunidades laborales y desigualdades en el acceso al crédito, la tecnología, la infraestructura y los mercados.
La Defensoría manifestó su complacencia porque, según indicó, la presidenta mantuvo su exigencia de transparencia y, ante la falta de claridad que señaló en el proceso, decidió no autorizar la firma y disponer el archivo del tratado.
En ese sentido, subrayó que la transparencia y la comunicación deben estar presentes en todas las etapas de las negociaciones comerciales, para que la ciudadanía pueda comprender tanto las oportunidades como los riesgos de los acuerdos.
La institución destacó la importancia de considerar las consecuencias de estas decisiones para las familias productoras, el empleo rural y la seguridad alimentaria del país.
Defensoría aclara que no se opone al libre comercio
La Defensoría aclaró que su posición no implica un rechazo al libre comercio y reconoció que este puede generar oportunidades para el desarrollo, siempre que se base en condiciones justas y equilibradas y esté acompañado de políticas públicas claras.
Entre las medidas que considera necesarias, mencionó el apoyo a la productividad, el acceso al crédito, la capacitación y la implementación de mecanismos de transición para las personas y los sectores que puedan resultar afectados.
Además, señaló que estas políticas deben establecer responsables, plazos, financiamiento y mecanismos de seguimiento.
El objetivo, según la institución, debe ser que la apertura comercial amplíe las oportunidades económicas sin profundizar las desigualdades existentes.
