San José, 5 ene (elmundo.cr)- La Contraloría General de la República (CGR) advierte que vender la Terminal Portuaria Petrolera del Caribe, en Moín, podría generar “conflictos de intereses” en el mercado costarricense de los combustibles.
El criterio se desprende del expediente DJ-1507-2017 del 20 de diciembre del 2017, tras responderle a la Asamblea Legislativa sobre el Proyecto de Ley N°19.888 que comtempla abrir el “monopolio estatal” de la venta de hidrocarburos en el país.
“En el numeral 7 del proyecto de ley se hace referencia a los muelles petroleros. En ese sentido, lo primero a lo que queremos hacer hincapié es que registralmente el muelle petrolero actual pertenece a RECOPE S.A. y no hay en el Proyecto de Ley ninguna referencia al traslado de dichas instalaciones a alguna entidad del sector público. Bajo esa inteligencia, si se venden esos activos (instalaciones portuarias) como parte del patrimonio de RECOPE S.A., a una empresa privada, la operación de las únicas instalaciones portuarias para la descarga de combustibles con las que cuenta el país, estarán en manos privadas, situación que debe valorarse ante la posible vulnerabilidad en la que se colocaría el país, y adicionalmente, podría generarse un conflicto de intereses, ya que solamente uno de los participantes del mercado tendría el control absoluto del muelle”, dice el documento.
Además, especificó que la nueva “Terminal Atlántica”, en construcción, también entraría en la venta del muelle petrolero.
“Las consideraciones anteriores son también aplicables a la “Terminal Atlántica” que se espera entre en funcionamiento en el año 2018 y que será un activo de RECOPE S.A., en el que se han invertido considerables recursos públicos”, menciona el texto.
En efecto, el Muelle 5.0 o mejor conocido como Terminal Atlántica, se ubica en la parte norte del desembarcadero de Moín y tiene un precio que ronda los US$98,6 millones.
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Beneficios del Estado
Contraloría también cuestiona el beneficio del Estado al vender los muelles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), puesto que en el proyecto de ley los diputados asignan un fin específico para los recursos que se generen a partir de la transacción.
“Un primer punto, que no resulta claro en este artículo, es quién sería responsable por definir el valor de las acciones de RECOPE S.A y sus activos, y más importante aún: cuál sería el beneficio que obtendría el Estado fruto de esta venta si, como puede observarse, el legislador le está asignando un fin específico a los recursos que eventualmente se generen en esta transacción. Fin que adicionalmente se encuentra establecido en beneficio de los eventuales nuevos participantes del mercado. Nótese que, de conformidad con la norma propuesta, el fruto de la venta deberá ser destinado para que el Estado (por medio de un fideicomiso) realice todas las inversiones que sean necesarias para los eventuales nuevos competidores en el mercado, incluyendo la construcción de una nueva instalación portuaria para la importación y exportación de hidrocarburos, y el pago de las nuevas servidumbres que se hagan necesarias. Sin que resulte claro entonces, si se efectuó un análisis técnico del impacto económico que esta transacción tendría para las arcas públicas”, menciona Contraloría.
El artículo al que el Órgano estatal hace referencia, es el 8, donde también recomendó a los legisladores valorar el informe DFOE-EC-OS-01-2016 sobre los fideicomisos en el Estado.
Actualmente el Proyecto de Ley N° 19.888 está para discutirse en la Comisión de Asuntos Hacendarios, según la página web de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
