San José, 28 ene (elmundo.cr) – El candidato presidencial del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Christian Rivera, presentó un amparo electoral y un recurso de amparo constitucional por la discriminación e inequidad con la que según él se ha gestionado este proceso electoral.
Rivera señaló que “no vamos a permitir que silencien nuestra voz, somos una agrupación política con el derecho de que se escuchen nuestras ideas. Costa Rica merece conocer todas las opciones y no solo las que los medios de comunicación eligen a dedo”.
Además, enfatizó que el pueblo costarricense merece líderes que den la cara y espacios de discusión que permitan la participación de todas las partes.
El candidato presidencial, en las afueras de la Sala Constitucional, resaltó que “a menos de dos semanas de las elecciones la ciudadanía no sabe por quién votar y los medios de comunicación que lucran con nuestras frecuencias de radio y televisión nos están impidiendo dar a conocer nuestras propuestas”.
“Yo soy hijo de Hatillo y si estoy aquí es porque tengo la capacidad, la valentía y la determinación para demostrar con hechos que este país puede ser próspero y solidario, si nos unimos y les quitamos la máscara a ese montón de sin vergüenzas”, agregó.
Asimismo, Rivera aseguró que presenta este recurso de amparo “porque en este país, tienen secuestrada la democracia y nos están violentando nuestros derechos como ciudadanos; a mi como candidato y a usted con el poder que tiene de rebelarse, con su voto”.
En su calidad de candidato presidencial y ciudadano también presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que se exija al Tribunal Supremo de Elecciones emitir una directriz que obligue a los medios de comunicación a habilitar los espacios de debate a todos los partidos políticos.
Por su parte, el amparo electoral se presentó contra el Departamento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, para que cumpla con su función de procurar una adecuada participación de las agrupaciones políticas en el proceso electoral.
El Código Electoral permite que los partidos políticos puedan abogar por este tipo de situaciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para acabar con las injusticias en el marco del proceso electoral.
