San José, 25 abr (elmundo.cr) – La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) enfatizó que es transcendental que se investigue a fondo el tema del ocultamiento de la verdadera situación fiscal que puso al país al borde de caer en un default.
Crecex señaló que esta situación ocasionó inestabilidad en el tipo de cambio, alza en las tasas de interés que introdujeron una lamentable pérdida de confianza del sector empresarial, freno a las inversiones, pérdida de puestos de trabajo y desaceleración en la economía.
José Manuel Quirce Lacayo, presidente de Crecex señaló que “el abordaje de la situación fiscal conllevó enormes consecuencias negativas que deben ser llevadas a las instancias correspondientes para ser analizadas y juzgadas”.
La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa presentó un informe de mayoría donde señalan al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís y al ex vicepresidente Helio Fallas como responsables del hueco fiscal que afectó las finanzas públicas.
También señalaron como implicados a la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, a la tesorera Marta Cubillo y a los funcionarios de Hacienda Marjorie Morera, Julio Espinoza y Melvin Quirós.
La Comisión recomendó que el caso sea llevado ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, para que sea investigado el hueco fiscal de 900 mil millones de colones, así como los pagos realizados por un monto de 182 mil millones de colones sin tener contenido presupuestario.
La Contraloría General de la República abrió una investigación por el pago de amortizaciones de deudas sin aprobación de la Asamblea Legislativa, esos pagos se realizaron con el fin de suplir el hueco fiscal, heredado por el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Esta situación fue descubierta en la Comisión de Asuntos Hacendarios desde el año anterior, durante una audiencia con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
El 9 de agosto del 2018, la diputada liberacionista Silvia Hernández solicitó mediante un oficio a esta entidad el inicio de una investigación que analizara las actuaciones por parte de los funcionarios de la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto Nacional, la Dirección de Crédito Público y jerarcas del Ministerio de Hacienda respecto al pago de amortizaciones sin contenido presupuestario.
