La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) sostiene que una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (TRIACODE) obligaba a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y a su Comité de Licencias a restituir su derecho de participación en el Campeonato 2025-2026. Sin embargo, el propio Tribunal desmintió esa interpretación y aclaró que su resolución no tiene el alcance que asegura el club pampero.
“El TRIACODE, mediante resolución firme, le ordenó a la FCRF y a su Comité de Licencias restituir de inmediato el derecho de participación de la ADG”, afirmó el equipo en un comunicado divulgado el sábado. Esa declaración ha sido el pilar argumentativo de la defensa de Guanacasteca frente a la más reciente revocatoria de su licencia.
No obstante, en entrevista con ElMundo.cr, la secretaria del TRIACODE, Gioconda Elizondo Navarro, fue enfática en señalar que la medida cautelar nunca ordenó otorgar una licencia ni restituirla. “Nosotros no podemos obligar al Comité de Licencias a entregar licencias. Lo que resolvimos fue que se le permitiera a la ADG participar en el proceso como cualquier otro equipo, con igualdad de condiciones”, explicó.
Elizondo agregó que el otorgamiento de una licencia depende del cumplimiento de criterios técnicos —financieros, legales, de infraestructura y deportivos— que solo el Comité de Licencias está facultado para evaluar. “Entendemos que hay requisitos que deben cumplirse y, si no se cumplen, el Comité está en libertad de no otorgarla”, puntualizó.
La aclaración del TRIACODE contradice frontalmente la interpretación que hace ADG de la resolución y debilita su narrativa de que existe un desacato de parte de la Federación. El comunicado del club hablaba de una “orden clara, vinculante y de acatamiento obligatorio”, la cual —según el propio Tribunal— nunca existió en esos términos.
Con esta aclaración pública, el TRIACODE desmonta uno de los principales argumentos con los que Guanacasteca denuncia supuestas arbitrariedades en su contra. Más allá del conflicto legal por el fondo del caso, lo cierto es que la medida cautelar no garantizaba participación automática en Primera División, sino únicamente el derecho a ser evaluado como cualquier otro solicitante de licencia.
