El caso de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) sumó un capítulo inesperado y delicado: el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Gustavo Araya, denunció que recibió presiones y hasta un ofrecimiento millonario para detener el proceso que dejó al club fuera de la Primera División.
De acuerdo con un documento presentado por la Fedefútbol ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, un “intermediario” ligado al grupo mexicano que inyectó dinero en el equipo pampero se acercó a Araya con el objetivo de revertir la decisión del Comité de Licencias. El expediente judicial, que ElMundo.CR tiene, revela que además del soborno, valorado en unos $100.000 (cerca de ¢50 millones), también hubo mensajes con amenazas.
La Federación asegura que todo fue reportado a las autoridades competentes y que incluso existen audios como respaldo de lo sucedido. Según la declaración incluida en el expediente, el intento de soborno buscaba frenar la confirmación de la sanción dictada por el Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol el 11 de junio de 2025.
Araya, en su papel de secretario general, funge como un engranaje clave dentro de la estructura federativa. Aunque el Comité de Licencias es independiente, el jerarca acompañó el proceso de manera técnica y administrativa, lo que explica por qué fue el blanco de los emisarios que pretendían frenar la revocatoria.
Más sombras sobre la ADG
Este episodio se suma a la ya turbulenta situación de la ADG, que en abril perdió su licencia por incumplimientos administrativos y financieros. Además, la Oficialía de Integridad de la FIFA en Costa Rica mantiene abierta una investigación sobre el presunto amaño del partido que los pamperos disputaron contra Santos de Guápiles el 20 de octubre de 2024, cuando cayeron 4-0.
Ese caso, que sigue bajo análisis, podría derivar en sanciones adicionales contra dirigentes, jugadores o clubes involucrados. Tanto Guanacasteca como Santos ya fueron despojados de su lugar en la máxima categoría y deberán competir en divisiones aficionados, mientras se resuelven los procesos pendientes.
La denuncia de Gustavo Araya sobre amenazas e intentos de soborno coloca ahora el caso en un nivel mucho más grave, al salpicar con posibles delitos comunes un conflicto que hasta hace poco se mantenía en el plano administrativo y deportivo.
