San José, 26 may (elmundo.cr) – El diputado de Pueblo Soberano, Wilson Jiménez, la emprendió contra “los camaradas” de Liberación Nacional y Frente Amplio por “bloquear” con mociones el proyecto para legalizar la minería en Crucitas.
Jiménez señaló que “el pueblo de San Carlos, y Costa Rica, no quieren más mentiras, demandan decisiones, acciones, valientes, oportunas, y sobre todo, bien pensadas en el futuro de nuestra patria”.
“Es muy fácil hacer ruido y bochinche, aunque sabemos que el desastre de Crucitas empezó en el gobierno del expresidente Óscar Arias, y con ciertos ambientalistas, pero ante la extracción ilegal que destruye la zona, han sido grandes ausentes durante años, y guardan silencio. Al llegar los momentos difíciles, al enfrentar la realidad en el terreno, pocos son los que realmente dan la cara”, agregó.
El diputado insistió en que “aquí es donde vemos al bloque antidemocrático, perdón, bloque democrático. Entorpecer un proyecto de ley de solo 23 artículos. Escuchen bien, costarricenses, con 619 mociones. Juzguen ustedes, costarricenses, los camaradas del Frente Amplio con 363 mociones. Los camaradas de Liberación Nacional con 186 mociones. El PAC con 63 mociones. Y el PUSC con 4 mociones. Juzguen ustedes si de verdad quieren contribuir o vienen a bloquear”.
“Mociones que lo único que hacen es cambiar una palabra o una letra. Viejas mañas que no ayudan en nada. Decían que venían a trabajar por el país, pero se retratan solos. La realidad de los distritos de Pocosol, de Cutris, y de Pital, es dramática. Los daños y las pérdidas son incalculables. La expansión de la extracción natural de la fauna silvestre de oro ha crecido de aproximadamente 900 hectáreas a más de 3 mil hectáreas”, manifestó.
Jiménez recalcó que “hoy enfrentamos un un impacto ambiental sumamente enorme. Contaminación del agua, deforestación, afectación directa de la fauna silvestre. El uso ilegal también de mercurio y cianuro está generando consecuencias graves e irreversibles para nuestros recursos naturales y para la conservación de nuestros territorios. El uso de túneles y campamentos clandestinos en medio del bosque, eso es inaceptable para nuestra patria”.
“Se estima que miles de personas han ingresado a la zona alrededor de esta actividad ilegal, generando presión sobre los servicios públicos, las comunidades, y la seguridad. Con ello también han crecido otros delitos, como la trata de personas, la explotación sexual, el crimen organizado, el tráfico de drogas, el narcotráfico en la zona norte, ha reportado casi dos mil casos de malaria, y las autoridades sanitarias han advertido sobre la presencia de focos activos de transmisión. Eso no es un tema menor. Estamos hablando de la salud pública de familias enteras, expuestas, y comunidades que viven en un constante riesgo”, lamentó.
Jiménez indicó que “quiero decirlo con total claridad. Quienes están en el lugar son los oficiales de la Fuerza Pública, y muchos funcionarios que arriesgan su vida en condiciones complejas. ¿Son suficientes las acciones policiales? No, no son suficientes, porque este problema no se resuelve con operativos. Se resuelve con decisiones políticas, con leyes claras, con controles efectivos, y con la voluntad de esta Asamblea Legislativa”.
“Decir que si la Fuerza Pública no tiene recursos políticos, tampoco podría hacerlo una empresa privada, y de verdad que eso es decepcionante, y es ignorar la realidad que vive la zona desde hace años. La Fuerza Pública tiene que atender controles fronterizos, narcotráfico, crimen organizado, seguridad ciudadana, y decenas de prioridades más de todo el país. No puede destinar todos sus recursos únicamente a una zona minera tomada por la ilegalidad”, comentó.
“Hay que ser responsables, hablarle claro a la gente, que mientras Costa Rica tenga una gigantesca deuda, que por cierto es heredada, el presupuesto nacional se va en intereses y pagos financieros, dineros que dejan de invertirse en educación, en seguridad, en infraestructura y en ayudas sociales. Acá mientras nosotros discutimos y los camaradas bloquean el proyecto con más de 600 mociones, en Crucitas siguen saqueando nuestros recursos, nuestras riquezas, y golpeando la paz social de Costa Rica. No podemos normalizar la ilegalidad”, concluyó.
