San José, 27 ago (elmundo.cr) – Costa Rica, durante décadas considerada uno de los países más estables y democráticos de América Latina, atraviesa una creciente crisis de seguridad que está transformando su escenario político.
Un reportaje de The Wall Street Journal señala que el incremento del narcotráfico y de los homicidios está alimentando una disputa entre el Gobierno de la presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial.
Los homicidios han aumentado un 50% desde 2020, situando la tasa de asesinatos del país en niveles comparables con los de México. El deterioro de la seguridad es especialmente visible en la provincia de Limón, donde la tasa de homicidios supera en más del doble al promedio nacional.
El crecimiento de la violencia está estrechamente relacionado con la transformación de Costa Rica en una ruta clave para el tráfico internacional de cocaína. La apertura, en 2019, de la terminal de contenedores de Moín, en la costa caribeña, permitió a las organizaciones criminales trasladar cargamentos de droga a una escala mucho mayor.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos citado por el diario, Costa Rica se convirtió desde 2020 en el principal punto de tránsito de cocaína procedente de Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa.
El narcotráfico internacional también ha tenido consecuencias en las comunidades locales. Las organizaciones criminales transnacionales pagan a grupos costarricenses con cocaína, que posteriormente venden la droga en el mercado nacional. Las disputas entre bandas por el control de territorios y mercados han contribuido al fuerte incremento de los asesinatos.
Choque con el Poder Judicial
Ante el aumento de la criminalidad, Fernández ha convertido la seguridad en una de las prioridades de su Gobierno y ha responsabilizado al Poder Judicial por la liberación de personas detenidas por la policía.
La presidenta ha acusado además a la institución de estar infiltrada por el crimen organizado. Su Gobierno presentó una denuncia contra magistrados de la Sala Constitucional y posteriormente impulsó recortes al presupuesto del Poder Judicial.
La ofensiva ha provocado una fuerte reacción de funcionarios judiciales y sectores de la oposición, que acusan al Gobierno de intentar concentrar poder. Miles de costarricenses se manifestaron en defensa de la independencia judicial con mensajes de rechazo a cualquier deriva autoritaria.
La disputa tiene como antecedente la presidencia de Rodrigo Chaves, quien gobernó entre 2022 y 2026 con un discurso especialmente duro contra el crimen, la corrupción y las instituciones tradicionales.
Chaves defendió la adopción de medidas inspiradas en El Salvador de Nayib Bukele y promovió la construcción de una prisión de máxima seguridad similar a la salvadoreña, cuya apertura está prevista para este año.
Durante su mandato también se aprobó una reforma constitucional que permite extraditar a ciudadanos costarricenses acusados de narcotráfico. Este año, Costa Rica extraditó a Estados Unidos a un exmagistrado de la Corte Suprema y exministro de Seguridad acusado de delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El desafío de Limón
La situación resulta especialmente dramática en Limón, una ciudad de unos 70.000 habitantes que hasta hace pocos años era considerada relativamente segura. La expansión del narcotráfico ha afectado incluso a pequeños negocios y a la vida cotidiana de sus habitantes.
La policía municipal reconoce que enfrenta una batalla desigual frente a organizaciones con muchos más recursos económicos. En una ciudad donde algunos jóvenes se incorporan a las bandas por la falta de oportunidades, la fuerza policial municipal dispone de apenas tres vehículos patrulla, según su jefe, Jeison Arce.
El asesinato del agente Gerson Rosales, de 28 años, se convirtió en uno de los símbolos de esta nueva etapa de violencia. Rosales fue abatido durante una patrulla por presuntos miembros de una banda local. Tras su muerte, Fernández impulsó nuevas iniciativas legislativas para aumentar las penas contra los delincuentes.
El modelo de mano dura
El debate costarricense refleja una tendencia más amplia en América Latina: gobiernos que plantean sacrificar parte de las garantías institucionales a cambio de una respuesta más contundente frente al crimen. El reportaje advierte que el llamado «efecto Bukele» está influyendo cada vez más en el debate regional.
Sin embargo, expertos citados por The Wall Street Journal advierten que el problema costarricense es particularmente complejo porque las organizaciones criminales transnacionales ya están profundamente arraigadas en el país. En ese contexto, aumentar las penas o construir nuevas cárceles no sería suficiente para resolver la crisis.
Mientras el Gobierno defiende su estrategia —la policía antidrogas ha incorporado 100 agentes en los últimos dos años y las incautaciones se recuperaron el año pasado—, la batalla política continúa. Los recortes presupuestarios al Poder Judicial han provocado preocupación entre organizaciones internacionales y podrían ser impugnados judicialmente.
La cuestión que queda abierta para Costa Rica es hasta dónde está dispuesto el país a llegar para recuperar la seguridad sin poner en riesgo las instituciones que durante décadas fueron consideradas uno de los pilares de su estabilidad democrática.
