San José, 24 may (elmundo.cr)- El diputado del Frente Amplio, José María Villalta envió una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado solicitándole investigar a la ministra Edna Camacho.
De acuerdo con el legislador del partido de izquierda, su solicitud se da por un posible conflicto de intereses en la recomendación de exonerar ganancias de capital en la Bolsa Nacional de Valores.
En la misiva el legislador pide sentar las responsabilidades éticas, políticas y administrativas por recomendar una exoneración que la beneficiaría directamente a ella, sus familiares y empresas donde tienen participación, afectando la Hacienda Pública.
“Las actuaciones de la Ministra son incompatibles con el deber de probidad que debe regir la actuación de personas funcionarias públicas, en conformidad con el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, señaló el diputado.
Según reveló días atrás Diario Extra, Camacho recomendó exonerar las ganancias de capital provenientes de operaciones realizadas a través de una bolsa de valores autorizada. Esta modificación beneficiaría directamente a poseedores de acciones de empresas que participan en la bolsa como FIFCO, empresa de la cual Edna Camacho es directora, así como Aldesa, empresa presidida por su esposo Javier Chaves y que se encarga de gestionar las operaciones en la Bolsa Nacional de Valores S.A.
En la carta se solicita también retirar esta injusta exoneración, por carecer de sustento técnico, contradecir los principios de equidad y justicia tributaria y afectar las finanzas públicas. Adicionalmente se pide al gobierno “definir con claridad y precisión las normas éticas” que regirán en el gobierno para “prevenir conflictos de interés en la función pública y evitar que la función pública sea utilizada indebidamente para favorecer negocios e interese privados.”
Finalmente se solicita acoger e incorporar en la normativa ética las “directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares, subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República. Auditorías internas y servidores públicos en general”.
La carta se envió con copia a los “garantes éticos” de Alvarado, como es el caso de Ottón Solís, Margarita Penón, José Manuel Arroyo y Rodrigo Alberto Carazo.
