San José, 7 feb (elmundo.cr) – La Viceministra de Vivienda y ex directora social de TECHO – Costa Rica, Ana Cristina Trejos Murillo tardará cinco años en devolver al Estado costarricense los 10,8 millones de colones que cobró desde mayo del 2014, por el incentivo salarial de prohibición, pese a que no tenía los requisitos académicos para recibirlo.
Así consta en oficios intercambiados entre Trejos Murillo y funcionarios de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), suministrados tras una petición de EL MUNDO.
Esos documentos fueron además copiados al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera.
Este medio reveló el 8 de diciembre del año pasado que Ana Cristina Trejos había estado cobrando ilegalmente el incentivo de prohibición desde que fue nombrada en el cargo, luego de que la Contraloría General de la República efectuara una auditoría a sus remuneraciones tras recibir una denuncia anónima.
En ese entonces, consultado por EL MUNDO el Ministro de Vivienda, Rosendo Pujol dijo que la funcionaria había percibido “unos 8 millones de colones” por ese incentivo desde su nombramiento, sin embargo, la cifra final de acuerdo con los documentos oficiales fue mucho mayor: ¢10.953.163,99 colones a lo largo de 30 meses, para un promedio mensual de ¢365.105 colones por concepto de ese incentivo.
PAGO A TRACTOS. Al igual que ocurrió con la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz que cobró incentivos salariales ilegalmente, Ana Cristina Trejos devolverá los dineros cobrados de más, en tractos y sin intereses.
Sin embargo, la viceministra afirmó desconocer la metodología que empleó el Ministerio para determinar que lo adeudado son ¢10.953.163,99 colones, ya que según ella, en un anterior oficio le habían dicho que la cifra era de ¢10.825.666,10 colones y por tanto, hizo su propuesta de arreglo de pago con esa cifra y no la más alta.
Según la documentación en poder de este medio, la funcionaria se comprometió a hacer un pago de ¢5 millones de colones durante este mes de febrero y en adelante, pagará ¢100.000 colones cada mes, hasta diciembre del año 2021 cuando su deuda quedará pagada, aunque antes deberá hacer otro abono de ¢26.666,10 colones para saldar definitivamente lo adeudado, en caso de que el monto correcto sea el inferior planteado por Trejos.
La propuesta de Trejos implica que la mayoría de los meses solamente abonará alrededor del 27,4% (¢100.000 colones) de lo que percibió cada mes por el incentivo salarial, (en promedio ¢365.105 colones colones) y, por otro lado, su plazo para pagar será casi 97% mayor al periodo en el que recibió el plus salarial.
Aunque los oficios intercambiados entre la funcionaria y Recursos Humanos dan cuenta de que se le dio la opción de que la deuda se pagara mediante deducciones salariales de aquí a que culmine su nombramiento en el Gobierno, el 30 de abril del 2018, Trejos prefirió la modalidad de “entero de Gobierno”, mediante el cual solamente debe aportar los comprobantes de depósito a favor del Estado.
Debido a la modalidad de pago seleccionada por la funcionaria, el MIVAH deberá hacer gestiones ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para recuperar los dineros por concepto de cargas sociales que fueron pagados de más, producto del incentivo percibido ilegalmente.
Por ese rubro, el Ministerio debe recuperar 1,2 millones por concepto de cargas sociales y otros 1,9 millones en impuesto sobre la renta, lo que eleva el total percibido por Ana Cristina Trejos por ese incentivo a ¢13.971.275,36 colones.
HALLAZGO. El informe de la Contraloría General, del cual EL MUNDO tiene copia, da cuenta que el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda mezcló dos normas –una Ley y un reglamento– para pagarle ilegalmente el incentivo a la viceministra y además, ignoró criterios que había emitido la Procuraduría General de la República –que funge como abogado del Estado–, cuando tiempo atrás dejó claros los requisitos que debían cumplirse para pagarle el incentivo de prohibición a un funcionario.
La Procuraduría había dicho en el dictamen C-147-2015, fechado el 12 de junio de 2015 que la jurisprudencia administrativa ha señalado que para determinar si una profesión tiene el carácter de liberal, se debe constatar en primer lugar, que el ejercicio de la profesión requiere de un grado universitario; de segundo, la respectiva colegiatura en el Colegio Profesional correspondiente; de tercero, ser susceptible de ejercer en el mercado de servicios; de cuarto, la libertad de juicio e independencia del profesional y, finalmente, la existencia de una relación de confianza.
De acuerdo con la investigación, en el caso de la viceministra el pago del incentivo de prohibición fue ilegal, pues ella ni tenía el grado académico necesario para acreditarse como profesional liberal y tampoco estaba incorporada al colegio profesional correspondiente, que en su caso es el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, pues Trejos cursa la licenciatura en Microbiología en la Universidad de Costa Rica (UCR).
La viceministra necesitaba tener una licenciatura universitaria para tener derecho a recibir el incentivo de prohibición Sin embargo, desde que fue nombrada y hasta que la Contraloría envió los resultados de su auditoría, ella no tenía ese grado académico. Incluso, según lo confirmaba el propio sitio web del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Trejos estaba haciendo estudios en Microbiología, Química Clínica y Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica.
Además, la Contraloría detectó que el responsable de haber autorizado el pago del incentivo a la jerarca sin cumplir los requisitos legales fue Geovanni del Carmen Leitón Villalobos, Jefe de Gestión Institucional de Recursos Humanos del MIVAH.
Leitón, según los documentos en poder de este diario, aprobó el 12 de mayo del 2014 el pago de la prohibición a la viceministra, pese a que unos días antes, el 9 de mayo, la Universidad de Costa Rica emitió una certificación donde hacía constar que Trejos Murillo era estudiante de último año de la Licenciatura en Microbiología y Química Clínica, y que además, no tenía título de Bachillerato en esa carrera pues el mismo no existe.
Aunque se intentó conversar con la viceministra de Vivienda el pasado viernes, tras múltiples llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, la entrevista pactada para las 4:30 pm nunca se efectuó, alegando que se encontraba en una reunión.
