Usuarios de ruta San José – Bolsón solicitan a ARESEP dar marcha atrás a resolución que deja sin tarifa al servicio

San José, 03 feb (elmundo.cr) – Usuarios del servicio de transporte público en la ruta San José – Bolsón solicitaron a la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) reconsiderar la resolución RE-0074-IT-2025 del 27 de noviembre de 2025, así como el expediente ET-049-2025 publicado el 14 de enero de 2026 en el Diario Extra, que deja sin tarifa al operador de la ruta.

Según un manifiesto público, esta decisión administrativa ha generado “incertidumbre, inestabilidad y afectaciones directas a la población usuaria”, que ya ha experimentado cambios de operador y suspensiones temporales del servicio.

Las comunidades afectadas, que se encuentran alejadas de los centros de Nicoya y Santa Cruz, señalan que la falta de un servicio estable obliga a incurrir en gastos adicionales para trasladarse a estos puntos y luego continuar el viaje a San José, impactando especialmente a estudiantes, trabajadores, adultos mayores y personas que requieren atención médica.

Además, el manifiesto recalca que se trata de comunidades vulnerables, sin medios alternativos de transporte público, y con servicios de autobús hacia Nicoya y Santa Cruz con horarios limitados, lo que restringe el derecho a la movilidad y el acceso a servicios básicos.

“El dejar sin tarifa al operador no solo afecta a la empresa, sino que traslada las consecuencias directamente a las personas usuarias, poniendo en riesgo un servicio esencial para comunidades que ya enfrentan condiciones de aislamiento”, indica el comunicado.

Ante esta situación, los usuarios solicitan a la ARESEP dar marcha atrás a la resolución, establecer una tarifa que permita la operación regular y sostenible de la ruta, y considerar el impacto social, territorial y económico de sus decisiones regulatorias.

Finalmente, las comunidades hacen un llamado a las autoridades para priorizar el interés público, el derecho a la movilidad y la continuidad de un servicio esencial, evitando decisiones técnicas que profundicen la exclusión y el aislamiento de zonas rurales.

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