San José, 12 feb (elmundo.cr)- El exdiputado Otto Guevara señaló que “urge que la CGR realixe un estudio costo/beneficio de la operación de Recope”.
Para Guevara “esa empresa estatal cuenta con casi 1700 empleados únicamente para importar productos terminados (importa gasolinas, diesel, GLP, asfaltos para la demanda nacional) y distribuirlos al mayoreo y para manejar una pequeña operación al detalle en los aeropuertos”.
“La mayoría de esos funcionarios han estado en teletrabajo donde no se mide el desempeño, aunque una pregunta obligada es ¿qué hacen tantos funcionarios para una operación tan sencilla?”, cuestionó
De igual forma el exdiputado resaltó que “otra de las funciones sencillas de Recope es recaudar el draconiano impuesto único a los combustibles y transferirlo íntegro al Ministerio de Hacienda”.
“Actualmente están poniendo en práctica una reorganización administrativa integral innecesaria, burocrática y enorme, autorizada por el Mideplan, mediante oficio DM-OF-0088-2020. Esa reorganización se hizo para que la empresa estatal incursionara en energías químicas alternativas sin que se haya aprobado el proyecto de ley donde se pretende transformarla y hasta cambiarle el nombre de Recope por Ecoena”, aseveró.
En palabras del exparlamentario “la intención de este desastroso gobierno es que Recope contribuya con la matriz energética y la descarbonización de la economía (fantasía PAC) mediante fuentes alternativas de energía (biocombustibles, hidrógeno, etc.), lo cual, dicho sea de paso, es violatorio del principio de legalidad, ya que que por disposición de las leyes 6588 y 7356 RECOPE debe dedicarse a refinar, importar y distribuir al mayoreo petróleo crudo y sus derivados. Para que incursione en otras actividades debe contar con habilitación legal que no tiene a la fecha”.
“La convención colectiva negociada tiene un costo de 46.000 millones de colones, donde se transfiere al fondo de ahorro de los trabajadores como aporte patronal el 6.5% de la planilla mensual, entre otros privilegios. También por concepto de anualidades se ha pagado un 5% derivado del convenio colectivo más el 1.94% de la Ley de Salarios (No se sabe cómo se negoció ese rubro en la convención colectiva negociada en secreto y que está en conocimiento del Ministerio de Trabajo)”, aseguró.
Según Guevara “esa dilapidación de fondos públicos la pagamos todos los consumidores de combustibles, nos empobrece y afecta nuestra competitividad”.
“Urge abrir ese monopolio, trasladar el poliducto al Minae para que mediante un peaje le brinde el servicio de trasiego de combustibles a quieres lo requieran, trasladar el muelle petrolero de Japdeva para que lo opere o concesione y brinde ese servicio portuario como servicio público a quien lo requiera, y vender inmediatamente parte del capital accionario para involucrar un socio que conozca del negocio para eliminar todo el desperdicio y reducir la planilla a lo estrictamente necesario, considerando inclusive la tercerización de servicios para reducir costos de operación”, concluyó.
