San José, 9 jun (elmundo.cr) – Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que las Universidades Públicas están desaprovechando el crédito de 200 millones de dólares con el Banco Banco Mundial.
Los resultados de dicha auditoría, realizada por el Área de Servicios Sociales de la Contraloría reveló que el crédito, que vence en diciembre de 2017, solo ha sido ejecutado en un 9,03%.
El crédito con el Banco Mundial se concedió con el fin de realizar mejoras estructurales en las universidades estatales, pero solo 18,06 millones de dólares han sido utilizados.
De acuerdo con las indagaciones de la Contraloría, a cada una de las cuatro universidades estatales le corresponden 50 millones de dólares para financiar sus Planes de Mejoramiento Institucional (PMI).
Las obras que deben financiarse con dicho crédito deben estar enfocadas a elevar la capacidad de admisión de estudiantes mediante construcción de nueva infraestructura, dotación de equipamiento, becas, capacitación a docentes y ampliación de servicios estudiantiles.
“A marzo del 2016 se han ejecutado 18,06 millones de dólares, de los 200 millones de dólares, lo que implica una ejecución efectiva acumulada a dicha fecha de un 9,03%, porcentaje de ejecución que plantea retos para las distintas universidades en cuanto a la finalización del Proyecto en la fecha prevista con el Banco Mundial, establecida para diciembre 2017”, dijo la Contraloría en el hallazgo de resultados de su auditoría.
Asimismo se detectó que no se ha elaborado un plan de sostenibilidad financiera que garantice que la inversión realizada en infraestructura y equipamiento se perpetúe en el tiempo y ofrezca eficientemente el servicio que se espera de estos, pese a que ello es un requisito establecido en el acuerdo suscrito con el Banco Mundial.
Finalmente, la Contraloría detectó que la contratación de la auditoría externa y el Comité de Seguimiento y Evaluación han presentado atrasos en los plazos estipulados en el acuerdo con el Bando Mundial, ya que dicha contratación se realizó en setiembre del 2015 tras dos años de haber iniciado el proyecto.
Para la Contraloría, esto repercutió en que las distintas universidades públicas no contaran con las alertas que pudo haber emitido el comité y por ende, haber solventado de forma oportuna los rezagos ocurridos.
El informe ordena al al Consejo Nacional de Rectores a corregir las debilidades encontradas en el estudio.
